• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

La criminalidad en Chile ha evolucionado y se ha transformado en un fenómeno complejo y estructural. No solo la llegada y proliferación del crimen transnacional ha afectado a la población chilena; distintos factores han agudizado aún más la crisis. Entre ellos destacan los ciberdelitos que, debido a su bajo costo de ejecución, la sofisticación de los métodos de engaño y la falta de persecución y sanción efectiva, han presentado un aumento significativo.

Según un informe de Claves Ipsos, en colaboración con la Fundación Paz Ciudadana, el 51% de las personas consultadas recibe siempre (casi todos los días) o frecuentemente (un par de veces por semana) comunicaciones online que identifican como posibles delitos. Esto significa que la mitad de los encuestados recibe semanalmente intentos de fraude digital.

Un 59% señala sentirse en alto riesgo de ser víctima de un delito online o remoto, siendo las personas mayores de 50 años y los pertenecientes a los GSE C3 y D (medios y bajos) quienes perciben mayor amenaza.

Por otro lado, un 13% indica que alguien en su hogar fue víctima de un delito o intento de delito online en los últimos seis meses, siendo el intento de robo de información personal mediante correos, mensajes o sitios web falsos lo más frecuente (43%), seguido por engaños vía mensaje de texto para obtener datos personales o instalar software maliciosos (25%).

El informe también revela que la mitad de estos delitos o intentos se concretaron, siendo denunciados 6 de cada 10 de ellos.

Evolución de este tipo de delitos

Kenneth Pugh, senador independiente por Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, explica que en Chile no existen suficientes denuncias que permitan una persecución efectiva del ciberdelito.

“Las personas aún no saben identificar qué es un riesgo y una amenaza en el ciberespacio, lo que requiere un cambio cultural gigantesco. No podemos basarnos solo en encuestas, ya que estas cifras pueden no reflejar lo que realmente está ocurriendo”, advierte el senador.

Agrega que “los ciberdelincuentes se han pasado al ‘teletrabajo’, ya que los delitos cometidos por medios digitales requieren una inversión inicial muy baja. Incluso se pueden arrendar servicios para explotar vulnerabilidades, como el ‘Ransomware as a Service’. Estos tienen gran alcance, ya que envían miles de mensajes por SMS, email e incluso WhatsApp, con un riesgo bajísimo, lo que hace que la ganancia final sea muy alta, convirtiéndolo en el delito más lucrativo del mundo actualmente”.

Y reflexiona: “¿Cuántos ciberdelincuentes están realmente tras las rejas? Si no hay persecución efectiva ni condenas ejemplares, se instalará la impunidad”.

Por su parte, Omar Henríquez, profesor de Ingeniería Civil Industrial online de la Universidad Alberto Hurtado, comenta que, según informes de empresas tecnológicas, los delitos digitales han crecido significativamente en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones en seguridad pública y ciberseguridad.

“Si comparamos desde 2012-2013 hasta 2024, se observa un alza sostenida de hasta un 98%. Datos nacionales indican que las causas penales en 2024 aumentaron en un 61%, alcanzando aproximadamente 39.140 casos”, señala Henríquez.

Según datos de Sheriff, plataforma especializada en gestión de riesgo con IA, las estafas y otras defraudaciones registraron 32.356 casos, representando el 74,9% de las causas penales por fraude. En cuanto al fraude por transferencia electrónica, este se incrementó 7,15 veces desde 2020, pasando de 51 a 416 casos en 2024.

Al comparar cifras con otros países, Henríquez detalla que Chile ha experimentado un aumento significativo en los ciberataques, posicionándose como uno de los países más afectados de la región.

Formas de disuadirlos

Gustavo Alcántara, tecnólogo en telecomunicaciones y académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, comenta que lo fundamental en esta temática es la educación y concientización sobre la prevención de fraudes digitales, ya que, a través de ella, se puede reducir la vulnerabilidad de las personas ante estafas en línea.

“Iniciativas como campañas educativas dirigidas a la ciudadanía son esenciales. Es crucial promover buenas prácticas, como verificar la autenticidad de los sitios web, utilizar métodos de pago seguros y evitar compartir información personal en plataformas digitales”, detalla.

En paralelo, para combatir los fraudes digitales mediante tecnologías, es prioritario implementar un enfoque integral que combine tecnologías emergentes con medidas de seguridad adicionales. Por ejemplo, “Visa ha liderado este esfuerzo mediante la adopción de herramientas de IA, aprendizaje automático y Big Data, logrando verificar y autorizar transacciones en tan solo siete milisegundos, con una tasa de éxito del 99,999% en los últimos cinco años. Además, la implementación de tecnologías biométricas para autenticar transacciones fortalecerá aún más la seguridad del sistema de pagos”, agrega.

Por último, Macarena Gatica, socia de Alessandri Abogados y experta en tecnología, datos personales y ciberseguridad, precisa que para reducir el impacto es clave una estrategia integral que combine tecnología, educación y regulación. Por ejemplo, la colaboración público-privada es fundamental para generar políticas y estándares más sólidos y aplicables a distintos contextos.

Asimismo, menciona que Chile necesita un marco legal actualizado, ya que la implementación y actualización de leyes específicas para delitos informáticos permitirían una respuesta más eficaz por parte de las autoridades. “Si bien se han dado pasos firmes con la nueva Ley 21.663, la entrada en vigencia de esta marca solo es el inicio de un largo camino hacia el fortalecimiento legal, institucional y cultural en materia de seguridad de la información”, concluye.