• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Una larga lista de incidentes se ha registrado durante los últimos años en el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos de la Región Metropolitana, donde los enfrentamientos con Carabineros, el uso de artefactos incendiarios y la interrupción reiterada de las clases se han transformado en una problemática persistente.

Pese a la implementación de protocolos de convivencia, mayores medidas de seguridad y cambios normativos, la violencia continúa afectando el funcionamiento de estos establecimientos, impactando a estudiantes, docentes y funcionarios.

La reiteración de estos hechos ha abierto nuevamente las interrogantes sobre las causas que permiten la permanencia de grupos organizados al interior de algunos establecimientos, la efectividad de las políticas implementadas y las consecuencias que esta situación tiene sobre la educación pública. Para especialistas en educación, convivencia escolar y políticas públicas, el fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial, sino también considerando factores institucionales, sociales y pedagógicos.

En ese contexto, Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa (CELITED) de la Universidad Católica, explica que los establecimientos cuentan con distintas herramientas para enfrentar los conflictos, aunque estas tienen límites cuando las acciones constituyen delitos.

“Existen mecanismos progresivos para disminuir la violencia en las escuelas. El primero es la promoción de la convivencia, que debería ser parte de la cotidianeidad en las escuelas. El segundo es de prevención, que implica adelantarse a situaciones que afecten la convivencia. El tercero es remedial porque se aplica una vez que suceden los hechos. En el Instituto Nacional existen los tres mecanismos, solo que la atención al problema de la violencia con bombas molotov no es un asunto escolar, sino policial o judicial“, sostiene el experto.

El académico añade que este tipo de hechos suele estar protagonizado por una minoría dentro de la comunidad escolar y que, por esa razón, las respuestas educativas por sí solas no resultan suficientes.

Para Treviño, la persistencia de estos episodios también responde a la forma en que estos grupos utilizan la notoriedad histórica del establecimiento para amplificar el impacto de sus acciones. “Las protestas violentas se deben a la intervención de grupos minoritarios radicalizados, que no aquilatan la amenaza que representan sus acciones para la integridad de las personas. Desde un punto de vista puramente del desarrollo de la ciudadanía y las protestas, es probable que los grupos minoritarios violentos valoren la visibilidad del Instituto Nacional para que sus acciones reciban atención mediática“, explica.

El investigador sostiene que la violencia reiterada no solo altera el funcionamiento diario de los establecimientos, sino que también genera consecuencias que pueden extenderse en el tiempo. Entre ellas menciona la pérdida de confianza por parte de las familias, el deterioro de la convivencia escolar y posibles efectos sobre el desempeño académico de los estudiantes.

“Cualquier irrupción negativa en la convivencia escolar puede disminuir la demanda por ingresar a los establecimientos y reducir el rendimiento escolar. Sin embargo, dada la gran cantidad de alumnos del Instituto Nacional, muchos de ellos destacados académicamente, el impacto en el rendimiento académico es variable entre estudiantes”, señala.

A juicio del especialista, la estrategia para enfrentar el problema debe enfocarse en fortalecer las acciones preventivas y de promoción de la convivencia, mientras que los hechos constitutivos de delito deben ser abordados por las instituciones encargadas de la persecución penal.

¿Qué ha fallado en la contención de la violencia?

Para Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación de la Universidad Andrés Bello, la violencia que afecta a los liceos emblemáticos responde a un fenómeno mucho más amplio que los incidentes registrados al interior de los establecimientos. A su juicio, abordar el problema únicamente desde la seguridad impide comprender las causas que han permitido que estos episodios se repitan durante años.

La violencia en los liceos emblemáticos “es un fenómeno educativo, institucional y social. Cuando una comunidad escolar pierde confianza, sentido de pertenencia y legitimidad de la autoridad pedagógica, la violencia encuentra espacio para instalarse. (…) En Chile, la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030 también plantea que los conflictos escolares no empiezan ni terminan dentro de la escuela, sino que expresan tensiones sociales más amplias”, explica.

El investigador sostiene que uno de los efectos más preocupantes es que los episodios de violencia terminan desplazando la función principal de los establecimientos educacionales. “Un liceo existe para enseñar, formar ciudadanía y abrir oportunidades de vida. Cuando la violencia interrumpe sistemáticamente las clases, se afecta el derecho de la mayoría de los estudiantes y se debilita el trabajo de profesores que cada día intentan educar en condiciones cada vez más complejas”, agrega.

Respecto de la permanencia de grupos organizados que protagonizan estos hechos, Catalán plantea que existen diversos factores que contribuyen a mantener este tipo de conductas.

“La permanencia de estos grupos se explica por una combinación de identidad, impunidad y debilidad institucional. En algunos casos, ciertos estudiantes construyen pertenencia desde la confrontación y transmiten estas prácticas entre generaciones. A ello se suma la dificultad para identificar responsabilidades, la acción encubierta de pequeños grupos y respuestas institucionales que muchas veces llegan tarde o de manera fragmentada”, señala. Sin embargo, enfatiza que estos grupos representan a una minoría y que no deben confundirse con la totalidad de la comunidad educativa.

Los desafíos pendientes

Para Catalán, recuperar la seguridad en los liceos emblemáticos exige una estrategia integral que combine prevención, fortalecimiento institucional y coordinación entre distintos organismos del Estado.

“Primero, recuperar el sentido educativo de estos liceos. La seguridad debe ser una condición para enseñar, no el centro del proyecto escolar. Se requiere una estrategia integral que combine prevención, identificación temprana de grupos violentos, coordinación entre Mineduc, sostenedores, SLEP, municipios, Ministerio Público y policías, junto con apoyo permanente a directivos y docentes“, explica el académico.

Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer los equipos encargados de convivencia escolar y salud mental, considerando que los docentes enfrentan responsabilidades que exceden su labor educativa.

Finalmente, Catalán sostiene que el desafío no solo consiste en controlar los hechos de violencia, sino también en recuperar el propósito que históricamente caracterizó a estos establecimientos.