• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La semana pasada se registraron graves hechos de violencia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde un grupo de encapuchados protagonizó disturbios al interior del establecimiento, lanzando bombas molotov, agrediendo a una docente y destruyendo el vehículo del rector, Gonzalo Saavedra.

De acuerdo con la información disponible, la situación comenzó alrededor de las 10:30 horas, cuando se detectó a un grupo de más de 50 estudiantes reunidos en uno de los baños del recinto. Posteriormente, unos 10 encapuchados, acompañados de cerca de 100 alumnos, irrumpieron con bidones de bencina, lo que provocó una escalada de violencia dentro del colegio.

A raíz de los hechos, 15 estudiantes fueron detenidos por Carabineros. Solo uno era mayor de edad, mientras que el menor tenía apenas 13 años y fue entregado a sus padres. En tanto, un joven de 14 y dos de 17 fueron formalizados por confección de artefactos incendiarios y desórdenes, entre otros delitos. Los 11 restantes quedaron en libertad.

Este episodio reaviva el debate sobre los límites de la protesta escolar y la responsabilidad penal adolescente. En Chile, la Ley N° 20.084, conocida como Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, establece un régimen especial para jóvenes de entre 14 y 17 años que cometen delitos. Para estos adolescentes, las sanciones varían desde amonestaciones hasta la internación en régimen semicerrado o cerrado en centros del Sename.

Romina Irribarra, directora del programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados y Titulados de la Universidad Andrés Bello, explica que el Decreto Supremo N° 67 de 2018 del Ministerio de Educación (Mineduc) promueve una visión educativa y restaurativa para abordar conductas escolares, orientando a los colegios a analizar cada caso de forma integral. Este decreto, agrega, busca que la evaluación sea un proceso pedagógico con sentido formativo, priorizando la inclusión y la retroalimentación.

“Casos similares en el país muestran que cuando ocurren incendios o uso de artefactos incendiarios en colegios, las respuestas suelen combinar medidas legales, disciplinarias y psicosociales”, comenta Irribarra.

La académica añade que la legislación chilena diferencia las sanciones según la edad y la gravedad de la infracción, con un fuerte énfasis en las medidas restaurativas y de protección de derechos, en sintonía con los reglamentos de convivencia del Mineduc.

Expulsión en actos de violencia

Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, señala que los procesos de expulsión en casos de violencia siguen siendo complejos incluso tras la promulgación de la Ley Aula Segura. Esta normativa buscó fortalecer la autoridad de los directores y agilizar las sanciones frente a conductas graves como agresiones, porte de armas o daños severos, pero en la práctica, explica, la expulsión requiere pruebas concretas y un procedimiento administrativo riguroso. Además, “existe el temor a que la Superintendencia de Educación anule la medida, lo que desincentiva su aplicación inmediata”.

Por su parte, Irribarra sostiene que la Ley Aula Segura otorga más facultades a los directores para expulsar o cancelar la matrícula en casos graves de violencia, pero que su ejecución depende del cumplimiento de procedimientos previos, como la existencia de un reglamento interno, las notificaciones y el derecho a descargos. “De no cumplirse correctamente, la expulsión puede invalidarse. Por eso, en la mayoría de los casos, las autoridades optan por medidas de apoyo psicosocial, mediación o talleres en lugar de una expulsión inmediata”. Además, recalca que este proceso implica la reubicación del estudiante, lo que requiere coordinación con sostenedores, otros colegios e incluso la justicia, cuando existen delitos.

Implicancias

Bravo advierte que el episodio del INBA “podría profundizar la crisis de legitimidad del movimiento estudiantil”, ya que la opinión pública tiende a asociar estas manifestaciones con violencia más que con reivindicaciones políticas o educativas. Cuando las protestas se entrelazan con encapuchados y destrucción, agrega, el debate se desplaza desde las demandas por una mejor educación hacia temas de orden público y seguridad.