• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Puente Alto ha sido una de las comunas más afectadas por la delincuencia; homicidios, robos, intimidación y balaceras constantes son uno de los delitos que más se repiten en el sector. La semana pasada, en Bajos de Mena, zona perteneciente a la comuna, se generó una balacera que causó impacto nacional. Un adolescente de 17 años falleció luego del incidente y tres personas resultaron heridas. De estos últimos, dos eran menores de edad (13 y 11 años) y un hombre de 23 años. Esta situación no solo conmociona por el hecho en sí mismo, sino por la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes (NNA) debido al crimen organizado.

El delito se registró en la calle Reloj de Sol en la noche anterior del velorio de un hombre de 44 años, que fue asesinado la noche del martes de la semana pasada en el mismo lugar. De acuerdo con la información de la Policía de Investigaciones (PDI), se registró una gran violencia en el delito del martes, ya que se levantaron 150 vainillas de balas.

El impacto en la niñez

En medio de la conmoción por el fatal incidente, las autoridades se encuentran inquietas por la vulnerabilidad a que están expuestos los jóvenes chilenos. Entre enero y fines de septiembre, solo en la región Metropolitana 12 niños y adolescentes han fallecido en homicidios, de acuerdo a la información que consignó El Mercurio.

En cifras anteriores, según un informe de la Fiscalía, 66 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el país durante el 2023, lo que significa una tasa de 1,5 hechos por cada 100 mil NNA, superando al 1,2 del 2022, cuando había 54 delitos de este estilo.

Este último indicador representa la cifra de menores de edad fallecidos por homicidios más alta de los últimos años. Si se compara con el 2016, este tipo de delitos aumentaron en un 46,6% y si se realiza una comparación entre el 2022 y 2023, las víctimas de homicidio de NNA aumentaron en un 22,2%.

A raíz del hecho que se registró en Puente Alto, la Defensoría de la Niñez presentará una querella por el delito de homicidio del menor de 17 años, pero también considerará a sus hermanos de 13 y 11 años que fueron gravemente heridos.

Anuar Quesille, defensor de la Niñez, señala que, lamentablemente las políticas públicas actuales no visibilizan suficientemente a las víctimas de estos delitos: “Los derechos de la niñez y la adolescencia no están siendo contemplados como deberían en la planificación y en la ejecución de las medidas que se toman en el ámbito de la seguridad. Se necesitan medidas que vayan más allá de la persecución penal y el enfoque de seguridad ciudadana cuando se trata de la protección de la niñez y adolescencia”.

Sin embargo, Quesille advierte que la protección de los NNA no será posible si no existe un trabajo articulado de los distintos actores que por ley se encuentran obligados, como lo son: salud, educación, Senda, Vivienda, etc. “Toda estrategia que sea fragmentada y sin mecanismos de relacionamiento carecerá de resultados que impacten positivamente en la vida de los NNA de nuestro país, afectando en mayor medida a los más vulnerables”.

En tanto, Camila Astrain, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, comenta que el que un territorio posea altos niveles de criminalidad organizada, posiblemente da cuenta de la existencia de múltiples factores de riesgos, como la disponibilidad de drogas y armas de fuego, entre otros. Estos “aumentan la probabilidad de que NNA desarrollen comportamientos problemáticos como el consumo de drogas, la delincuencia y la violencia, entre otros. En este contexto, muchas organizaciones criminales toman provecho de la situación e incluso utilizan a menores de edad como capital activo para la operación de sus redes”.

Asimismo, la investigadora explica que se deben considerar otras externalidades negativas que conlleva la instalación del crimen organizado a nivel territorial, por ejemplo, detalla que “en las suspensiones de clases que se deben realizar con razón de situaciones de violencia asociadas a la presencia de este tipo de criminalidad (funerales de alto riesgo, balaceras, etc.), lo cual repercute también en el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes”.

Las medidas

Astrain advierte que debido al contexto de violencia se deben desarrollar “medidas extraordinarias en diferentes niveles”, que tienen relación con la prevención, protección, policial y persecución penal, pues “resulta fundamental el orientar estrategias que prevengan la instalación territorial de nuevas organizaciones criminales e inhiban a largo plazo la operación de las organizaciones criminales existentes”.

Por su parte, Quesille comenta que se debe robustecer una agenda de seguridad específica para este sector de la población: “El Estado tiene que llegar antes, con educación, con salud, con trabajo comunitario, en torno a la concientización de que ciertas conductas son riesgosas”.

Dentro de la estrategia para prevenir la violencia y generar entornos seguros, estables y enriquecedores, el defensor señala los siguientes:

1. Estrategia y gobernanza.
2. Contar con información y datos para orientar las políticas y las prácticas.
3. Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes.
4. Seguridad en el entorno.
5. Prevención general.
6. Ingresos y fortalecimiento económico.
7. Respuesta de los servicios de atención y apoyo.
8. Educación y aptitudes para la vida.
9. Especialización ante el crimen organizado.