• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Durante la madrugada del domingo, un hombre fue abatido por un funcionario de Carabineros tras presuntamente atacar al oficial con un machete. El incidente ocurrió en Padre Las Casas, Región de La Araucanía, cuando personal policial acudió al lugar en respuesta a una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF).

Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las denuncias por violencia intrafamiliar han mostrado una tendencia al alza desde 2017. Damian Clarke, investigador del Instituto Milenio MIPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, explica que “a nivel nacional, en 2017 se registraban alrededor de 500 denuncias por cada 100.000 habitantes, cifra que se mantuvo relativamente estable hasta 2020. Sin embargo, desde ese año en adelante, el número ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente 600 denuncias por cada 100.000 habitantes”.

Por su parte, la capitán de Carabineros Javiera García, del Departamento de Comunicaciones Sociales, indica que diversos estudios han demostrado un aumento sostenido de este tipo de delitos durante y después de la pandemia. En ese contexto, Carabineros de Chile ha reforzado sus medidas, incentivando la denuncia a través de campañas preventivas en medios de comunicación y redes sociales, además de fomentar el uso de canales como los fonos 133 y 149. También se ha priorizado la capacitación constante del personal policial a lo largo del país.

García detalla que dichas capacitaciones no solo están dirigidas al personal que patrulla las calles, sino también a quienes trabajan en los Servicios de Guardia y, especialmente, a quienes se desempeñan en las Salas de Familia o en las Oficinas de Violencia Intrafamiliar ubicadas en diversas comisarías. Estas unidades ofrecen una atención especializada, confidencial y prioritaria a las mujeres víctimas de este tipo de delitos.

Agrega que, como parte de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia —en específico, del Departamento de Protección de la Familia y Grupos Vulnerables—, Carabineros participa en mesas de trabajo intersectoriales junto a organismos gubernamentales, estatales y de la sociedad civil. “Se busca generar políticas públicas integrales para abordar esta problemática, como nuestra participación en el Circuito Intersectorial de Femicidio o el reciente lanzamiento del Sistema Integrado en Casos de Violencia de Género, liderado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género”, afirma.

Efectividad de las medidas implementadas

Juan Alejandro Uribe, académico de Psicología en la Universidad Andrés Bello, considera que, si bien las medidas adoptadas para enfrentar la violencia intrafamiliar han sido relevantes, su impacto aún es limitado. Señala que la creación de centros de apoyo, líneas telefónicas y campañas de prevención ha permitido un mayor acceso a la orientación y protección, pero que estos recursos no necesariamente logran modificar las conductas que originan la violencia.

Uribe plantea que “cuando una persona crece en un entorno donde los gritos o los golpes son vistos como algo normal, le resulta difícil comprender que esa no es una forma válida de relacionarse. Aunque exista una ley que lo prohíba, si esa persona no lo internaliza, probablemente repetirá ese patrón de violencia”.

También destaca que muchas víctimas no denuncian por temor, vergüenza o dependencia económica. En sectores rurales como Padre Las Casas, advierte que las campañas de prevención no siempre tienen alcance efectivo y el acceso a ayuda profesional es más limitado. En sus palabras, “aunque existen herramientas, no siempre logran llegar a tiempo ni transformar las dinámicas más profundas. La violencia no se resuelve solo con castigos o medidas externas; se requiere acompañamiento emocional y espacios donde las personas aprendan nuevas formas de relacionarse”.

Desafíos pendientes

Clarke subraya que uno de los grandes desafíos en esta materia es abordar las causas estructurales de la violencia, lo que requiere intervenciones diversas, tanto en contextos educativos como comunitarios, para modificar normas sociales que perpetúan este tipo de conductas.

En términos concretos, el académico considera prioritario fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas de protección, especialmente en lo que refiere a la supervisión de agresores. Además, destaca la necesidad de una inversión sostenida en atención integral para las víctimas, con un enfoque psicosocial que asegure continuidad en el tiempo: “Es importante que el proceso posterior a la denuncia no se enfrente de forma solitaria. De hecho, en datos recientes que manejamos, hay evidencia de que quienes tienen más redes sociales y mayor confianza en el sistema son quienes más tienden a denunciar”.

Finalmente, Rodrigo Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, sostiene que este fenómeno plantea desafíos significativos, particularmente en términos del control y monitoreo preventivo de situaciones de violencia de género. Según él, es necesario considerar nuevas formas de resolución de conflictos, como salidas alternativas que escuchen realmente a las víctimas y consideren sus expectativas durante el proceso. Además, recalca la importancia de implementar planes educativos que aborden la violencia de género de manera transversal y sostenida.