Finalmente habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador, la que se celebrará el próximo 13 de abril. En la primera instancia, que se llevó a cabo este domingo, ninguno de los candidatos logró superar el 50% requerido para ser declarado ganador de forma inmediata.

El actual Presidente, Daniel Noboa, obtuvo la primera mayoría en las preferencias con un 44,3%. Su gran opositora, la ex mano derecha de Rafael Correa y líder del movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, Luisa González, sacó un 43,8% de los votos.

Vale remarcar que ambos ya estuvieron frente a frente en los comicios que se realizaron en 2023. Pese a que en primera vuelta Noboa sacó un 10% menos (23% contra 33%), en la segunda parte se impuso por 51% contra 48%, para ser el Mandatario más joven en la historia de ese país.

La gestión gubernamental de Noboa ha estado basada, principalmente, en el despliegue militar en las calles, considerando que en la nación la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes pasó de menos de siete en 2019 a 46 en 2023, y ratificada luego de que a inicios del año pasado un grupo de delincuentes armados tomaran rehenes en un canal de televisión.

Asimismo, el Mandatario ha tenido que lidiar con una grave crisis económica y de energía, pues en los últimos meses han ocurrido apagones de hasta 14 horas, debido a la escasa capacidad termoeléctrica ecuatoriana.

Junto a esto, ha sido cuestionado porque empresas ligadas a sus familiares han ganado millonarios contratos públicos, y por las críticas que recibió su esposa al querer desarrollar un proyecto turístico en una zona considerada protegida.

González, por su parte, ha sido apuntada por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Incluso, el mismo Correa aseguró que, en caso de salir electa, el Gobierno lo reconocerá como Presidente legítimo, pese al fraude electoral que cometió en las votaciones de 2024.

Finalmente, la militante del partido opositor también genera resquemor por su cercanía con políticos que han sido procesados por escándalos de corrupción, como ocurrió con el caso sobornos en 2012 (funcionaros fueron condenados por recibir pagos ilícitos de empresas a cambio de contratos estatales), y el polémico caso Obredecht, en donde la compañía brasileña desembolsó millonarios montos para tener privilegios en infraestructura.