Escándalo ha generado en Colombia el reportaje de la revista Cambio que dio a conocer los lujosos beneficios que tienen algunos funcionarios públicos locales.

Lo más reciente en esta arista involucró a la senadora María Fernanda Cabral, de quien una investigación arrojó el uso de siete camionetas de seguridad, 16 escoltas y 4 policías.

Un gasto por ítem de seguridad importante, pero que enojó a varios colombianos al enterarse de que el uso de una millonaria camioneta es prácticamente básico y que en la práctica se traduce en el traslado de insumos para el negocio de postres de la hija de Cabral.

A lo anterior, se le suma lo denunciado anteriormente por otros medios locales, los que, por ejemplo, informaron de un fiscal de apellido Barbosa, quien cuenta con escoltas para sus perros, un bulldog inglés y una french poodle.

El fiscal Barbosa y sus dos perros, que cuentan con escolta.

En ese último caso, el trabajo de los agentes se traduce en el cuidado de los canes y también en el pase diario de estos por un parque en específico. Todo, con recursos de la Fiscalía.

El tercer caso de despilfarro denunciado en Colombia respecto a funcionarios públicos tiene que ver con Emcali, empresa prestadora de servicios públicos que adquirió televisores por valores cercanos a los 10 mil dólares y videoproyectores por la mitad del valor señalado recientemente.

Tres casos de denuncias por mal uso de recursos públicos que han generado polémica en un país que, al igual que todas las naciones del continente, atraviesa por problemas económicos importantes debido a la inflación mundial.