En Chile, una mujer puede gestar el hijo de otra persona sin que exista una norma que establezca cómo hacerlo, qué derechos protege, a quiénes resguarda ni qué ocurre si algo sale mal. Esa ausencia de regulación es el terreno donde hoy se libra una disputa legislativa con dos salidas completamente distintas: una busca ordenar la práctica y la otra quiere prohibirla.

La primera propuesta nació de una moción del senador Matías Walker (Demócratas) y logró algo poco común en el Congreso chileno: la firma de más de treinta parlamentarios de distintas bancadas, que van desde la UDI hasta el Partido Comunista. Entre ellos figuran Paulina Núñez, Karol Cariola, Yasna Provoste y Sebastián Keitel.

La idea central de esta iniciativa no es abrir la puerta a un mercado de vientres, sino cerrarla de entrada. El proyecto reconoce el derecho a acceder a la gestación subrogada solo para personas con inviabilidad uterina o biológica, prohíbe expresamente el lucro y exige que la mujer gestante haya tenido al menos un embarazo previo. Además, resguarda su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo durante todo el proceso.

La iniciativa también busca establecer reglas claras de filiación para los niños que nazcan bajo esta modalidad y fijar estándares para las clínicas y los equipos médicos involucrados. Desde el 11 de agosto, el proyecto se discute en la Comisión de Salud del Senado y también ha pasado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género.

Mientras esa propuesta avanza en el Senado, en la Cámara de Diputados otro texto camina rapidamente en la dirección contraria. Presentado en enero de 2025 por los diputados Héctor Barría, Juan Irarrázaval, Francesca Muñoz, Ximena Ossandón y Consuelo Veloso, entre otros, este proyecto no busca establecer condiciones para la gestación subrogada: busca prohibirla por completo, sea o no comercial.

El texto declara nulos todos los contratos de subrogación y establece que la mujer que da a luz será siempre la madre legal, sin posibilidad de renunciar a esa filiación mediante un contrato. El padre biológico podría reclamar la paternidad ante un tribunal, pero los llamados padres de intención quedarían fuera del reconocimiento legal.

Las penas propuestas son severas: intermediarios y promotores arriesgan entre 541 días y tres años de cárcel, cifra que podría subir hasta diez años si actúan con fines de lucro habitual. Para el personal de salud que facilite el procedimiento, la pena llegaría hasta quince años, mientras que quienes se aprovechen de la vulnerabilidad de una mujer podrían enfrentar hasta veinte años de presidio.

El proyecto contempla incluso perseguir estos delitos cuando se cometan fuera de Chile, aunque aclara que los niños nacidos antes de que la ley entre en vigencia no verán afectada su filiación. La Comisión de Familia de la Cámara lo aprobó en general en enero de este año y en julio lo despachó a la Sala, donde espera su votación.

Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), catalogar como delito lo que consideran un acto de solidaridad entre mujeres es una medida que estigmatiza y desconoce decisiones tomadas en libertad. Organizaciones LGBTIQ+ y de derechos reproductivos coinciden en que prohibir esta práctica deja sin alternativas a personas sin útero, hombres solos y parejas del mismo sexo.

En la vereda opuesta, sectores conservadores y ciertos espacios feministas sostienen que incluso una versión altruista de la subrogación abre la puerta a la explotación reproductiva y a la mercantilización del cuerpo de las mujeres.

Lo que queda claro es que, entre las dos iniciativas que existen actualmente en el Parlamento, no hay un término medio: una busca regular y establecer requisitos. La otra, prohibir y sancionar.

Mientras el Congreso decide cuál de los dos caminos toma, la realidad permanece sin cambios: la gestación subrogada continúa ocurriendo en Chile sin una ley específica que establezca reglas para quienes participan en el proceso, ni certezas sobre sus consecuencias jurídicas.