Victoria Villarruel es la nueva vicepresidenta de Argentina desde el pasado 11 de diciembre, elegida junto con el Presidente Javier Milei, esta hija y nieta de militares llega al poder con una idea fija: revisar la actual política de derechos humanos del país que indemnizó a miles de víctimas de la represión durante la última dictadura militar.

Sin embargo, esa política dejó fuera a las víctimas de los grupos como los montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organizaciones guerrilleras argentinas que actuaron desde principios de los años setenta, antes del golpe militar de 1976.
Para Villaruel la historia no ha reconocido a esas personas y ella ya dio pasos en esa dirección hace años. En 2006 creó el Centro de Estudios Jurídicos sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) para buscar reparación para esas víctimas.

Los montoneros eran una organización que tenía raíces peronistas, vinculadas al movimiento creado por el expresidente argentino Juan Domingo Perón; el ERP que era una organización de orientación trotskista.

En tanto que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue una organización guerrillera argentina, que constituyó la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de orientación marxista, liderado por Mario Roberto Santucho durante los años 1970.

La propuesta de la vicepresidenta Villarruel aún no ha sido detallada, pero la insistencia de la abogada de 48 años con esta agenda representa un giro en la política argentina, donde hasta ahora, según los analistas, había un relativo consenso entre la elite política sobre lo ocurrido con los militares en esos años.

Villarruel ha dicho que defiende la “memoria completa”, que, según ella, debe considerar que hubo “una guerra” que colocó a los militares y fuerzas de seguridad de un lado y, del otro, a guerrillas de izquierda a las que ella llama “terroristas”.

Sin embargo, el discurso de la vicepresidenta es rechazado por defensores y activistas de derechos humanos que ven en este la negación histórica y una falsa simetría al comparar el uso del Estado para reprimir y matar a enemigos políticos durante la dictadura y las actividades guerrilleras durante ese período.