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La Contraloría General de la República (CGR) entregó a la Cámara de Diputados el informe de una serie de auditorías realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025 en diversas reparticiones del Estado, que detectó billonarias irregularidades.

El monto exacto asciende a $1.505.707.732.640, evidenciando el desorden estructural que persiste en la administración del Estado: “Las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos, en los que se podrá configurar una infracción, irregularidad o deficiencia, resultante entre la comparación de la condición y el criterio, y que está sustentada en pruebas de auditoría”.

La Contraloría inició, de acuerdo a Emol, una serie de medidas que incluyen reparos por un total de $27.208.900.153″; solicitudes de acreditación de ingresos/gastos por un valor de $10.487.723.455; solicitudes de restitución por un total de $1.752.174.776; 365 procedimientos disciplinarios instruidos por el servicio; 111 procedimientos disciplinarios instruidos por CGR; 69 remisiones y/o denuncias a otras entidades; y 7 Investigaciones sumarias.

Por ejemplo, de acuerdo a Biobío, sólo en incumplimientos de normas contables y presupuestarias se detectaron errores por más de $359 mil millones, seguidos de falencias en contratos por otros $328 mil millones y deficiencias en la rendición de cuentas que alcanzan los $316 mil millones. A esto se suman fondos mal gestionados por más de $252 mil millones, ingresos no percibidos, adquisiciones sin sustento legal y gastos improcedentes que, en su conjunto, reflejan una realidad donde el control de los recursos públicos es difuso, fragmentado y débil. Todo ello, de acuerdo con la CGR, puede configurar desde infracciones administrativas hasta posibles delitos.

La Contraloría detalló que: “Las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales”, por operaciones ejecutadas durante 2023 o incluso años anteriores.

Entre los servicios más cuestionados aparecen los Gobiernos Regionales, con más de $303 mil millones objetados por la Contraloría. Las auditorías revelaron una serie de irregularidades estructurales, tanto en la postulación, ejecución como en la rendición de proyectos financiados con fondos públicos.