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Hidroaysén: El inevitable affaire entre Estado y privados

Colbún ha dejado de manifiesto la gran carencia que existe en Chile y el mundo para el desarrollo sostenible: la necesidad de coordinación entre políticas de Estado y el eficiente desempeño de las empresas.

Más allá de las elucubraciones respecto a la participación de Colbún en Hidroaysén y de las supuestas presiones de la compañía sobre el ejecutivo, generadas a partir del freno que le dio el grupo Matte a la tramitación ambiental de la línea de transmisión, miremos lo que hay tras esta decisión desde la visión de la RSE.

Cuando los ejecutivos de una entidad privada son capaces de reconocer la diversidad de grupos de interés, de internalizar sus externalidades y tomar decisiones con una mirada de largo plazo, estamos en presencia de un actuar estratégico y responsable de la empresa.

Hidroaysén

Foto: Agencias

El gran revuelo que genera la instalación de mega proyectos energéticos, y en particular lo que ha detonado la utilización del potencial energético de Aysén, configura un escenario que pocas entidades saben descifrar. La visualización de los riesgos en pos de hacer sostenible el desempeño en el largo plazo requiere de un enfoque multistakeholder, donde se identifiquen las expectativas, problemáticas y demandas de grupos de interés como autoridades, comunidades, trabajadores y accionistas, por mencionar algunos. He aquí el valor de la decisión de Colbún, que leyó el riesgo que puede significar para el éxito de Hidroaysén la ausencia de lineamientos estratégicos establecidos como política de Estado en la expansión energética que Chile requiere para sostener su crecimiento.

La decisión de dejar en pausa Hidroaysén ha sido interpretada por algunos como una estrategia de presión sobre el gobierno para asumir un rol más activo y claro respecto al proyecto de transmisión. La intensión no apunta a presionar para lograr lo que ocurrió en Barrancones, donde hubo una intervención reactiva, con una mirada de corto plazo y con miras en la aprobación pública. Hoy se está instando a las autoridades, tanto del ejecutivo como del parlamento, a definir la estrategia de desarrollo energético con el carácter de política estatal y mirada de largo plazo.

Las determinaciones que se tomen ahora tendrán un efecto directo en la relación entre privados y posteriores gobiernos, por lo cual el consenso político resulta ser la base del éxito en el desarrollo de la matriz energética de Chile de los próximos 30 años. Este es el momento de que las autoridades actúen como verdaderos estadistas, dejando de lado el desempeño de cara a las encuestas o a las próximas elecciones.

Y es acá donde me pregunto: ¿Se podría haber evitado la animadversión en contra de Hidroaysén si el Estado hubiese establecido un marco claro con antelación? Probablemente hubiéramos visto las mismas manifestaciones en contra, pero no existirían dudas respecto a la legitimidad política y la representatividad en un contexto democrático, de un proyecto de esta relevancia para el país.

Este nuevo escenario presenta nuevas posibilidades respecto a Hidroaysén, como podrían ser los cambios en la participación accionaria de los actuales inversionistas, la integración de nuevos socios y la puja del Estado de Chile por adquirir cierta participación como inversionista. En este sentido, tanto los costos como los riesgos (económicos y políticos) van a ser compartidos entre públicos y privados, lo cual podría asegurar un mayor equilibrio y cautela en la toma de decisiones futuras.

En definitiva, para que las empresas puedan responder a las exigencias de tener una gestión responsable, es necesario que estén insertas en un contexto donde el aparato público y otros actores sociales, entreguen lineamientos y condiciones en el largo plazo que permitan trabajar en conjunto en pos del desarrollo sostenible.

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