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Los casos de toma ilegal de terrenos han aumentado en todo el país a causa de la crisis habitacional, situación que ha empeorado con la pandemia y la crisis económica. Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el déficit de viviendas es de alrededor de 730.000.

Un reciente caso de ocupación en Viña del Mar ha encendido el debate sobre este tema. En octubre de 2020, los hermanos Miranda Hernández hicieron una visita de rutina a un lote de 15,12 hectáreas que tienen en el predio “Hacienda Santa Julia”. Para su sorpresa, el mismo estaba ocupado.

Un mes más tarde, los hermanos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, indicando que “terceros ajenos a la propiedad han ingresado al predio, a la fuerza y con rompimiento de puertas, cercos y cierros en general, para proceder a tomarse el inmueble antes individualizado, donde han comenzado con movimientos de tierra y construcción de vivienda”.

En el mismo escrito, solicitaron la intervención de Carabineros para desalojar el predio y custodiarlo, a fin de evitar una nueva toma. Un año más tarde, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el pedido de los hermanos Miranda Hernández. La demora en el reclamo pudo haber complicado la situación.

Este fue uno de los argumentos del tribunal: “Resulta evidente que el asunto debatido no es una materia que corresponda ser esclarecida por medio de la presente acción cautelar de urgencia, puesto que la existencia de una eventual usurpación de terrenos, es controvertida por la única recurrida que informó, al señalar que contaba con autorización del dueño del predio para su asentamiento”.

Tras esta negativa, los dueños del lote apelaron a la Corte Suprema y rebatieron los argumentos del primer fallo: “Es improcedente decir, que lo que se pretende por el recurso intentado, es obtener de ‘manera rápida y expedita’, el uso de la fuerza pública”. Y cuestionaron la demorada resolución, preguntándose si se “pretende que temas como estos, que requieren una pronta respuesta, lo sean con lentitud, temor y desidia”.

Ocho días después de la presentación, el 19 de enero de 2022, la Corte Suprema dio su veredicto. El recurso de amparo presentado por los hermanos Miranda Hernández fue aceptado, pero defendiendo el derecho a la vivienda de quienes tomaron el predio, ya que el fallo insta a los propietarios a encontrar una solución habitacional para los ocupantes del lote.

Dice el escrito: “Se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin que, de manera conjunta se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados”.

El fallo no establece un plazo para que los terrenos sean desocupados, pero el abogado que representa a Miranda Hernández se expresó satisfecho: “La Corte Suprema, reconociendo el derecho de propiedad, lo que está haciendo es ordenar que se deben adoptar las medidas para resolver el problema y coordinarse con nosotros”.