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Nueva justicia tributaria en Chile: el antes y el después

Este artículo recoge algunas de las principales críticas que se formulaban al anterior sistema de justicia tributaria (aún vigente en ciertas regiones del país) y la manera en que la Ley N° 20.322 las corrige.

Una deuda del sistema tributario chileno era, sin duda, dotar a los contribuyentes de un sistema procesal moderno e independiente, que se adecuara a los presupuestos mínimos de un debido proceso.

Esta necesidad ineludible de reforma, se inició el año 2002 con el envío de un proyecto de ley, que buscaba fortalecer y perfeccionar la jurisdicción tributaria. El proyecto de ley fue objeto de diversas modificaciones durante su tramitación parlamentaria (principalmente, las introducidas mediante una indicación sustitutiva el año 2006), culminando con la publicación de la Ley N° 20.322 que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera y crea los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

A continuación, se hará referencia a algunas de las principales críticas que se formulaban al anterior sistema de justicia tributaria (aún vigente en ciertas regiones del país, como por ejemplo, la Metropolitana) y la manera en que la Ley N° 20.322 corrige dichas deficiencias.

1. Falta de independencia e imparcialidad

Justicia tributaria

Imagen: Aetos

La nueva justicia tributaria en Chile implica un avance importante.

Uno de los principales cuestionamientos que se efectuaba al sistema era la falta de independencia e imparcialidad con que los Directores Regionales ejercían su función jurisdiccional en primera instancia. En efecto, los Directores Regionales que ejercían la labor de jueces tributarios eran funcionarios (Jefes Superiores de las respectivas Direcciones Regionales del SII) dependientes del propio ente fiscalizador que emitía los actos administrativos susceptibles de reclamación tributaria. De esta manera, el SII –mediante la actuación de sus Directores Regionales en calidad de jueces tributarios- terminaba asumiendo los roles de juez y parte en la primera instancia de los litigios tributarios. Lo anterior, se veía agravado por el hecho de que los Directores Regionales del SII se encontraban obligados a fallar de acuerdo a las interpretaciones de la ley tributaria sostenidas por la Dirección Nacional del SII.

Frente a esta crítica el proyecto contempla la creación de nuevos Tribunales Tributarios de primera instancia, sujetos a la supervigilancia de la Corte Suprema e independientes tanto orgánica como funcionalmente del SII. Esta independencia se encuentra reforzada con un adecuado grado de inamovilidad de los magistrados y con la consagración de un mecanismo mixto de nombramiento de jueces, donde interviene el Consejo de Alta Dirección Pública, con el objeto de asegurar la idoneidad de los postulantes. En definitiva, bajo el nuevo sistema de justicia tributaria los litigios tributarios son resueltos por una entidad imparcial y completamente independiente del ente fiscalizador que emite los actos administrativos que son objeto de reclamación. Con ello, el SII ahora pasa a asumir netamente el rol que le corresponde, esto es, la administración y fiscalización de los tributos que se encuentran bajo su esfera fiscalizadora y no la resolución de las controversias que puedan surgir en torno a la aplicación de un determinado tributo.

2. Falta de especialización de las Cortes de Apelaciones

Otro aspecto que se criticaba del sistema anterior era la falta de especialización que existía a nivel de Cortes de Apelaciones para el conocimiento de asuntos tributarios en segunda instancia. Frente a ello, el proyecto contempla la creación de salas especializadas en las Cortes, encargadas de conocer en forma exclusiva o preferente materias tributarias y aduaneras, las que además contarán con un relator especializado en dichas materias. De esta manera, se asegura a los contribuyentes que el conocimiento de los asuntos tributarios en segunda instancia se radicará ante tribunales que cuentan con la debida preparación técnica.

Entrada en vigencia de los nuevos tribunales

Cabe señalar que los nuevos tribunales tributario comenzaron a implementarse el 1° de febrero del año 2010 con la instalación de los tribunales de la XV Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta y III Región de Atacama. El año 2011 en la misma fecha se inauguraron los tribunales de la IV Región de Coquimbo, VII Región del Maule, IX Región de La Araucanía y XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. El 1° de febrero del presente año comenzaron a funcionar los Tribunales Tributarios de la VIII Región del Bío Bío, XIV Región de Los Ríos, X Región de Los Lagos y de la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Finalmente, el 1° de febrero de 2013 entrarán en funcionamiento los seis últimos Tribunales Tributarios, localizados en la V Región de Valparaíso y VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, y los cuatro contemplados para la Región Metropolitana.

Con todo, es preciso señalar que las causas tributarias que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en funciones de los Tribunales Tributarios serán resueltas por los respectivos Directores Regionales del SII, de conformidad con el procedimiento vigente a la fecha de la interposición del reclamo.

Conclusión

En conclusión, la Ley N° 20.322 que crea la nueva judicatura tributaria en Chile, implica un avance importante en la modernización de nuestra justicia tributaria, cumpliendo con ello exigencias constitucionales de imparcialidad y debido proceso, así como obligaciones asumidas en diversos tratados internacionales ratificados por Chile.

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