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Tribunales Ambientales: El desafío de impartir justicia ambiental

Más allá de la perspectiva de la revisión judicial de actos administrativos que ejerzan los Tribunales Ambientales, nos interesa centrarnos en el desafío que implica contar con un órgano jurisdiccional especializado.

Los Tribunales Ambientales, con sede en Antofagasta, Santiago y Valdivia, fueron creados mediante la Ley N° 20.600, publicada en el Diario Oficial el 28 de junio de 2012. De acuerdo a la Ley, estos tribunales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento.

El pasado 28 de diciembre de 2012 entró en funcionamiento el Segundo Tribunal Ambiental (el primero en entrar en funcionamiento, ubicado en Santiago), el cual, sin embargo, postergó el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales hasta su total instalación, que se produjo con la dictación del Acta de Sesión Ordinaria N° 22, de 4 de marzo de 2013.

Tribunales ambientales

Foto: Agencias

Más allá de la perspectiva de la revisión judicial de actos administrativos que ejerzan los Tribunales Ambientales, nos interesa en este espacio centrarnos en el desafío que implica contar con un órgano jurisdiccional especializado, en cuanto garantía de los derechos de los regulados y de los ciudadanos en general, teniendo en cuenta que la demanda ciudadana por justicia ambiental parece instalada.

Y es que durante los últimos años hemos sido testigos de cómo las decisiones de nuestras autoridades están siendo sometidas a un escrutinio público exigente, mediante el cual, muchas veces, se cuestiona derechamente la conveniencia social de una determinada decisión. Lo anterior ha sido muy claro en materia ambiental, en particular en lo que respecta a las impugnaciones en contra de importantes proyectos de inversión (Central Térmica Barrancones, Proyecto Hidroeléctrico Aysén, Central Hidroeléctrica Río Cuervo, Central Termoeléctrica Castilla, por mencionar solo algunos).

Existe en estos casos un reclamo por la debida consideración de las implicancias ambientales y sociales del desarrollo de los proyectos, la cual no se habría realizado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental de éstos,  lo que a su vez ha dado pie para la alegación de vulneración de derechos constitucionales, requiriéndose entonces la tutela judicial de éstos.

Demanda ciudadana por justicia ambiental

De esta forma, el complejo escenario que enfrentan los titulares de proyectos que son sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como los organismos que participan en la evaluación y calificación de los proyectos, mucho tiene que ver con la demanda ciudadana por justicia ambiental; entendida ésta como el reclamo por un equilibrio entre los beneficios sociales que reporta el desarrollo de un determinado proyecto y los costos, también sociales, del mismo, de manera que ningún grupo de personas deba soportar, de forma exclusiva o desproporcionada, la carga de las consecuencias ambientales negativas que se deriven de su desarrollo.

Al respecto, la Corte Suprema ha tomado en sus manos la tarea de balancear los distintos intereses y corregir aquellos casos en que se presentaría un desequilibrio, otorgando tutela jurídica a quienes han recurrido de protección en contra de resoluciones de calificación ambiental o de actos intermedios del procedimiento de evaluación ambiental. Sin embargo, lo interesante ahora que contamos con tribunales especiales, será ver de qué manera éstos darán respuesta a la demanda ciudadana e impartirán justicia ambiental en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a las funciones que a los otros órganos del Estado les han encomendado la Constitución y las leyes.

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