• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La evolución del crimen organizado en Chile ha obligado a las policías a revisar sus estrategias, equipamiento y preparación frente a organizaciones delictuales que cuentan con mayor acceso a armas de fuego y municiones. En ese contexto, Carabineros recibió un primer lote de cerca de 300 nuevas subametralladoras, como parte del proceso de renovación de su armamento.

Se trata de los subfusiles CZ Scorpion EVO 3 A1, de fabricación checa, que reemplazarán progresivamente a las antiguas UZI de origen israelí. Las nuevas armas tienen un cargador de 30 municiones y calibre de 9 milímetros.

La actualización del equipamiento responde a un escenario en el que las organizaciones criminales han diversificado sus recursos y formas de operación, lo que plantea nuevos desafíos para los procedimientos policiales y la seguridad de los funcionarios.

El aumento de la violencia criminal

Diego Arancibia, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, explica que la violencia asociada al crimen organizado experimentó un incremento importante durante los últimos años. De acuerdo con el Indicador Nacional de Crimen Organizado del CESCRO, se registró un aumento acumulado de 44,9% en los delitos asociados a este fenómeno entre 2022 y 2025.

Respecto del armamento utilizado por las bandas, Arancibia identifica la adaptación de pistolas de fogueo, el uso de pistolas modificadas para disparar en ráfaga y una mayor presencia de armas automáticas.

Estos cambios obligan a evaluar de manera permanente los procedimientos policiales. El investigador señala que los fallecimientos de funcionarios de Carabineros en actos de servicio se han producido recientemente durante fiscalizaciones de rutina, situaciones que exigen revisar los protocolos de respuesta y las condiciones en que se desarrollan las intervenciones, tanto en espacios abiertos como cerrados.

En cuanto a la capacidad de respuesta institucional, Arancibia sostiene que Carabineros dispone de unidades especializadas para enfrentar escenarios de mayor complejidad, como el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y Control de Orden Público (COP). No obstante, el equipamiento y la preparación necesarios dependen de los medios que utilicen las organizaciones delictuales.

Por ello, plantea que resulta fundamental mantener el equipamiento y el entrenamiento acordes con las características del delito. En particular, destaca la necesidad de incrementar la instrucción en el uso de armamento, tiro y táctica policial, con el objetivo de reducir la posibilidad de bajas durante los procedimientos.
Acceso a armas y municiones

Diego Hernández, experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, vincula la evolución de la violencia criminal con las estrategias de control territorial y de mercados ilícitos que desarrollan las organizaciones delictuales. Según explica, estas dinámicas están relacionadas con el acceso a armas de fuego provenientes de distintas fuentes.

Sin embargo, el académico advierte que el cambio en el escenario actual no se explica únicamente por la disponibilidad de armas, sino también por el acceso a municiones.

En ese sentido, plantea que el abastecimiento de estos elementos constituye un aspecto relevante para comprender la capacidad operativa de las organizaciones criminales y las dificultades que enfrentan las policías para contener su expansión.

Hernández también menciona las acciones de la Policía de Investigaciones (PDI), particularmente a través de sus unidades dedicadas al crimen organizado, para investigar las redes de comercialización ilegal. Estas indagatorias han permitido identificar coordinaciones mediante redes sociales y chats para ofrecer armas y municiones.

El experto sostiene que el escenario actual es más crítico que el de años anteriores, debido a la disponibilidad de armamento entre los grupos delictuales y a los riesgos que esto implica para los funcionarios policiales. En ese contexto, considera que la renovación de las armas institucionales constituye una medida relevante, aunque insuficiente por sí sola para enfrentar el fenómeno.
Inteligencia y prevención

Para Hernández, la respuesta frente al avance de las organizaciones criminales requiere combinar la renovación del equipamiento con estrategias de inteligencia, identificación de puntos críticos y seguimiento de las redes vinculadas con la internación y comercialización ilegal de armas.

El académico enfatiza que el control territorial no depende exclusivamente de la capacidad de fuego de las policías, sino también de la posibilidad de detectar los circuitos que abastecen a las organizaciones delictuales.

En esa línea, el seguimiento del mercado ilegal y de la disponibilidad de municiones representa un componente central para comprender y enfrentar el problema.