• José Manuel Olivares, Aporte para Internacional
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El 23 de enero del 2013 estalló una bomba para el sistema judicial mexicano luego de que  la Corte Suprema de aquel país reconociera el haber encarcelado de manera errónea a la ciudadana francesa Florence Cassez.

Desde ahí hasta estos días el bullado caso ha desatado todo tipo de comentarios en México, y el proceso de la ciudadana francesa ha sido una de las polémicas judiciales más importantes de los últimos años, poniendo incluso en veredas contrarias a los gobiernos.

La cronología del caso  judicial de Cassez comienza en el año 2005 cuando es capturada por la policía mexicana por estar relacionada con Israel Vallarta, pareja en la cual recaía la acusación de ser protagonista en una banda de secuestros.

Foto: Agencias

La liberación de la francesa Florence Cassez causó fuerte impacto en México.

Con la detención materializada  de Cassez comienzan las indagaciones judiciales para argumentar y sostener  la acusación formal sobre la mujer, la cual consistía en  haber participado en al menos 10 secuestros. Todo esto aún cuando la acusada se declaraba inocente.

Pero las primeras contradicciones en el proceso comenzarían a salir a flote. En el año 2006 el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) reconoció que la escena real en la que se detuvo a Florence Cassez era parte de una recreación “solicitada por los medios”, lo que sembró dudas en la opinión pública y sobre las acusaciones que recaían ella.

Por otra parte, el gobierno francés también tomó protagonismo en el caso, ya que ante las irregularidades y la versión de Florence Cassez intentó cambiar el destino de su ciudadana, como por ejemplo extraditarla a Europa,  lo que finalmente no se logró y el 25 de abril del 2008 Cassez fue condenada finalmente a 60 años de prisión.

Pero la arremetida de Francia no quedó ahí, posteriormente siguieron las presiones hasta el Presidente  Nicolás Sarkozy le solicitó a su par mexicano la extradición en varias oportunidades, lo que tampoco fructífero y que tuvo como consecuencia  la suspensión de 350 reuniones programadas entre los dos países.

La negativa de las autoridades aztecas era total, todo esto hasta que finalmente en el 23 de enero del 2013 la Corte Suprema de México decidió dejar en libertad a Florence Cassez al encontrar que hubo irregularidades en sus derechos y que, además, se le violaron sus derechos fundamentales.

Y las reacciones no han sido leves. De hecho la misma Cassez se dirigió a García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación, señalándolo como una persona que  quería su muerte. Asimismo, este caso pone en tela de juicio la credibilidad de las autoridades judiciales de México, lo que a su vez da pie para serios cuestionamientos desde la opinión pública.