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El Ministerio de Cultura de España también prepara su propia SOPA, que al estilo ibérico se llamaría SINDE, nombre vulgar con que la gente denomina la Ley de Economía Sostenible “Disposición Final Segunda”, propuesta en mayo de 2009.

Este proyecto de ley consiste en una serie de modificaciones propuestos por la ex Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminsitrativa, cuyo motivo principal es la protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información y el comercio electrónico.

Foto: Guioteca

La ley Sinde permitirá el cierre de sitios que atenten contra la ley de propiedad intelectual.

El principal objetivo de esta modificación legal pretende permitir que un grupo de personas del Ministerio de Cultura español tengan las facultades legales para cerrar sitios web que vulnere los derechos de propiedad intelectual luego de obtener una autorización judicial.

Similar a lo que ocurriría de aprobarse la SOPA en Estados Unidos, con la ley SINDE también es un privado quien debe recurrir a la justicia para denunciar la violación a sus derechos de copyrights ante una Comisión de Propiedad Intelectual.

De ser aprovado el caso, el denunciante tendría dos vías a seguir: esperar a que dentro de las siguientes 48 horas, el responsable de los contenidos o aquellos que prestan servicios de hosting voluntariamente bajen los contenidos cuestionados, mediante una petición extrajudicial, en cuyo caso de no ser así, se podría esperar dos días para que ambas partes entreguen sus pruebas, otro plazo de cinco días para que se presenten las conclusiones de las pruebas de ambas partes, y un tercer plazo de tres días más para que la Comisión de Propiedad Intelectual dicte un fallo al respecto. Dicha resolución debe ser ratificada por un juez, quien nunca participa del proceso de determinación de responsabilidades.

La segunda vía consiste en acudir directamente a un juez, quien por medio de una orden legal determine que el proveedor del hosting retire los contenidos que infringirían los derechos de autor. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen 24 horas para autorizar los casos.

La problemática que ven los españoles a esta nueva ley

Como era de esperar, esta nueva disposición legal no les cayó bien a los españoles. El primer problema que les aqueja es la vulneración a la la liberta de expresión, dado que se le entrega la facultad de juzgar a un ministerio y se le quita al poder judicial, mientras que le juez se limita únicamente a autorizar o rechazar lo que la Comisión de Propiedad Intelectual determine.

En segunda instancia, reclaman que esta ley se habría gestado a partir de lobby de la industria audiovisual estadounidense, según fuentes provenientes de archivos desclasificados por WikiLeaks.

En tercer lugar, está el problema de la redacción poco clara que deja la Ley SINDE al no determinar claramente sus límites. No está claro qué se penalizará y qué no, junto con el hecho de que no necesariamente se debe probar un daño, sino que basta con que exista una remota posibilidad de que lo cause, por lo que incluso los links a contenidos bajo derechos de autor podrían ser considerados como faltas a esta nueva figura legal.

Así también, los españoles entendidos en la ley SINDE reclaman que la Comisión de Propiedad Intelectual tiene una lista negra de 122 sitios web que infringirían la legalidad existente cuyos servidores no se encuentran dentro de España, por lo que la nueva facultad les permitiría bloquear la dirección IP o el servidor para que no se pueda accesar desde el territorio ibérico.