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Protesta frente al Congreso durante el tratamiento del proyecto de ley de emergencia pública.

En la madrugada del sábado 21 de diciembre se convirtió en ley el mega proyecto de Emergencia Pública, tal como fue denominado por el gobierno del peronista Alberto Fernández. El proyecto fue resistido por los legisladores opositores y amplios sectores de la población que se sintió perjudicada por su contenido.

Proyecto de Ley de Emergencia Pública

Originalmente el proyecto constaba de 86 artículos bajo el título de “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”. Su artículo 1, define de qué se trata: “Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las facultades comprendidas en la presente ley…”

Legisladores y destacados juristas como el Dr. Eduardo Sabsay, expresaron su alarma sobre el proyecto de ley. Sabsay se refirió al “Art. 76 (de la Constitución Nacional): (en el cual) “Se prohíbe la delegación legislativa…” La admite excepcionalmente. Los impuestos y todos sus elementos sólo pueden ser establecidos por una ley (arts. 17, 75 y concordantes). Nunca por decreto. Invocar una emergencia para hacerlo, va en contra de la Constitución“.

Pasadas las 3 de la madrugada del sábado 21 de diciembre, se aprobó la ley de emergencia en el Senado.

La ley aprobada

La ley aprobada, denominada de solidaridad social y reactivación productiva, declara once emergencias en diferentes áreas, que van desde la social hasta la sanitaria, que regirán hasta el 31 de diciembre del año próximo. Vea aquí el texto completo de la ley. En resumen, es una devaluación de la moneda del 30%, importante aumento de impuestos a los productos agropecuarios (33%) y aumento de impuestos a particulares y empresas, se elimina el 82% móvil de los jubilados y además la actualización automática por inflación. Tales aumentos se están trasladando a los productos y encareciendo aún más el costo de vida.

En compensación se privilegian algunos sectores como la minería con disminución de los impuestos, se otorgan aumentos de suma fija a los jubilados de menores ingresos aunque quedan más de 3 millones de personas sin actualizar, se suspende la actualización de tarifas de servicios públicos y se crea un nuevo elemento asistencial con una tarjeta alimentaria para repartir en los sectores sociales más vulnerables.

Incipientes protestas y malestar social

El mayor descontento lo está expresando los sectores medios de la sociedad, los que se perciben como más perjudicados por las medidas. Los aumentos de impuestos a Bienes Personales y Ganancias repercuten negativamente en las finanzas personales y actividades productivas de pequeñas empresas y comercios. Durante el tratamiento de la ley, grupos de ciudadanos se hicieron presentes en el Congreso para mostrar su disconformidad. Los productores agropecuarios se están movilizando en asambleas por el aumento de los derechos de exportación a cereales, carnes y lácteos. Los sectores que solían tomar vacaciones en Uruguay, Brasil o Chile han abandonado esa opción debido al recargo del 30% en los costos de hospedaje y pasajes, además de solamente poder comprar 200 dólares mensuales.

Favorecidos y perdedores

Los sectores favorecidos, de menores recursos, dispondrán de aumento en la ayuda social, sumada a una tarjeta alimentaria por el equivalente a 57 dólares (al cambio oficial). Servirá para comprar alimentos. Tal situación genera mayores asperezas sociales ya que aproximadamente 8,6 millones de aportantes de la actividad privada, deben sostener con sus impuestos a una población de 22 millones de personas, incluyendo empleos públicos 3,3 millones, jubilados 3,1 millones, y el resto de personas que no aportan ni trabajan.

El especialista y consultor Roberto Cachanovsky, lo expuso con suma claridad en 140 caracteres: 8,6 millones de aportantes sostienen a casi 22 millones de personas. Una ecuación difícil de resolver y que ahoga en impuestos a los sectores productivos.