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El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, que se verificó una estafa contra el Estado de enormes proporciones mediante el otorgamiento de pensiones por invalidez a personas sin problemas de salud. Un dato saliente fue la exhibición de una radiografía de un perro, que fuera presentada como prueba médica de un padecimiento.

Los primeros resultados de auditorías

Desde que asumiera el gobierno en el pasado mes de diciembre 2023, se desplegaron varias auditorías en distintos sectores del Estado, una de ellas, en la secretaría de Salud, especialmente en el área de discapacidad, arrojó resultados sorprendentes.

Se pasó de 79.581 pensiones por invalidez en el año 2003, a 1.223.864 actualmente, sin haber atravesado una guerra o catástrofes naturales. Todas las pensiones cuestionadas fueron otorgadas por gobiernos peronistas, siendo los dos períodos de Cristina Fernández de Kirchner los más generosos en ese sentido, ya que durante su mandato se otorgaron unas 853 mil pensiones.

Entre los casos detectados hay 60 mil beneficiarios que tienen más de 1 automóvil, más de 1 casa, algunos con embarcaciones y aviones. También 30 mil extranjeros, de los que no se tiene constancia de residencia y radicación. Igualmente, unos 659 casos de empleados públicos en actividad y sin ninguna disminución física.

“Levántate, Lázaro”

El gobierno citará a 1.2 millones de personas que revistan como discapacitados mediante carta documento para que se presenten a verificar su estado ante médicos designados en hospitales públicos donde se determinará el grado de discapacidad de la persona. Se estima que 500 mil personas no podrán revalidar su condición.

La denuncia

La denuncia sobre esta situación irregular fue presentada por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien solicitó se investigue el posible desarrollo de conductas delictivas en las que podrían encontrarse involucrados el expresidente de la Nación, Alberto Fernández; así como los por entonces directores ejecutivos de las áreas involucradas.

La presunción es que los involucrados habrían defraudado al Estado Nacional, mediante la conformación y materialización de un plan sistemático de otorgamientos indebidos como favores políticos.