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Foto de archivo.

En un extenso fallo de 147 carillas, el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidente Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” y trabó un embargo a sus bienes por 15 millones de pesos argentinos (aproximadamente un millón de dólares). Incluyó en el procesamiento al ex ministro de economía, Axel Kicillof, al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli y a otros 12 ex funcionarios kirchneristas.

Causa “dólar futuro”

La causa judicial por la que se dictaron los procesamientos es conocida como “dólar futuro”, hecho que ocasionara una pérdida al Estado argentino de entre 62.800 y 90.000 millones de pesos argentinos (entre 4.187 y 6.000 millones de dólares), según sea la fuente que realiza la estimación. El mecanismo del presunto ilícito fue vender durante los últimos meses del gobierno de Cristina dólar a futuro a diez pesos la unidad, cuando en el mercado se cotizaba a 15 pesos la unidad. Actualmente la cotización responde a la realidad de los mercados, entre 14 y 15 pesos, por lo que el Estado debe hacerse cargo de la diferencia. Las probables razones de ese accionar habrían sido tres: la depreciación no aceptada del peso argentino, permitir un excelente negocios para unos pocos beneficiados de gran poder adquisitivo y dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno. De hecho, la “bomba” estalló en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, que sin reservas monetarias en el Banco Central, tuvo que afrontar los primeros pagos de esas gigantescas cifras que aún continuará pagando vencimientos hasta el mes de junio.

Fundamentos para el procesamiento

“Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo el juez Claudio Bonadio en su fallo de 147 páginas.

“Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones” que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del BCRA y por supuesto, a los directores de la CNV (Comisión Nacional de Valores), todos los cuales “es preciso resaltarlo – eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento”.

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