Escándalo de la FIFA podría afectar al gobierno argentino

Una denuncia señala los nexos entre el monopolio gubernamental Fútbol para Todos, la AFA y los denunciados por la justicia americana.

Guía de: Argentina

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Julio Grondona y Diego Maradona inaugurando “Fútbol para Todos”.

En Argentina, el fútbol profesional está estrechamente ligado al gobierno a través del sistema monopólico de televisación de partidos denominado “Fútbol para todos”. Debido a ello, y a la irrupción del escándalo FIFA con varios empresarios y dirigentes argentinos implicados, podría también involucrar a altos funcionarios gubernamentales.

Piden intervenir la Federación de Fútbol Argentino AFA

Así lo entiende la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien pidió a la jueza federal María Servini de Cubría la suspensión de la empresa Torneos y Competencias como proveedor del programa Fútbol Para Todos (FPT) y solicitó se designe un veedor en la AFA. Denuncia que el Estado destinó 130 millones de pesos (algo más de un millón de dólares) a Torneos y Competencias mediante el programa FPT para adquirir las sublicencias para la transmisión en directo y por TV abierta de los partidos correspondientes a la Copa América 2015, cuestionados por el informe de la Justicia norteamericana. (lea aquí el texto completo de la ampliación de denuncia de Ocaña).

El monopolio estatal de las transmisiones deportivas

El monopolio televisivo de “Fútbol para Todos” surgió en agosto de 2009 cuando Julio Grondona, entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, interrumpió intempestivamente el contrato que unía a la AFA con la empresa TSC, conformada por el Grupo Clarín y Torneos y Competencias, para las transmisiones deportivas. Don Julio Grondona, apodado por sus enemigos como “El Padrino”, acordó casi de inmediato conformar una nueva asociación con el gobierno.

Cinco años y 6 mil millones de pesos

El acuerdo fue anunciado por cadena nacional por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al entonces presidente de la AFA Julio Grondona y Diego Maradona, en ese momento director técnico de la selección argentina. En cinco años el gobierno entregó alrededor de 6.000 millones de pesos para solventar los gastos de las transmisiones deportivas que no tienen publicidad privada y son utilizadas como medio de difusión gubernamental y campaña política. Los fondos son administrados por la jefatura de gabinete y no fueron sometidos a discusión parlamentaria.

Un nuevo concepto que inquieta a la corrupción

Existen desde hace tiempo denuncias y causas judiciales en Argentina por el desmanejo de fondos relacionados al fútbol profesional. No han avanzado debido a la subordinación política de gran parte de la justicia argentina y la estrecha relación entre manejos deportivos y política.

La actual investigación, llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y basada en el interesante concepto que los hechos de corrupción habrían involucrado el paso de fondos por bancos situados en el territorio de Estados Unidos, abre la posibilidad de avanzar en el tema FIFA, pero fundamentalmente en los casos de corrupción estatal ya que existirían pruebas del paso de fondos ilícitos por bancos de Estados Unidos.

Prófugos de la justicia… norteamericana

En tanto, el fiscal Federico Delgado y el juez Martínez de Giorgi, se pronunciaron hoy en contra de la exención de prisión solicitada por los primeros acusados argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis quienes al no presentarse ante el juez quedaron en calidad de prófugos. Martínez de Giorgi solicitó su captura a Interpol. Se conoció que Burzaco estaría en Europa, mientras que los Jinkis aún estarían en el país.

Pero, en Argentina siempre hay peros cuando se persigue a la corrupción, la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, denunció a los implicados por evasión impositiva. Lo notable de esta tardía denuncia, es que la ley argentina no permite la extradición si existen causas pendientes dentro del país. Esa es una de las prácticas jurídicas utilizadas por personajes requeridos por la justicia en el exterior, aceptar ser enjuiciados en el país por cargos locales y evitar la extradición. ¿Funcionará esta vez? Se esperan novedades en las próximas semanas.

 

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