Foto La Nación.

Manifestantes rodearon la residencia oficial de la Gobernación de Santa Cruz, obligando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, a permanecer retenidas en ella durante varias horas. La situación se agravó cuando en la madrugada, manifestantes enardecidos intentaron ingresar a la residencia y fueron repelidos mediante balas de goma y gases lacrimógenos por la policía provincial.

Una nueva noche fría en Santa Cruz

La situación económica de la provincia de Santa Cruz es de quiebra, lo que ocasiona una alta conflictividad social. En ese contexto, en horas de la noche del viernes, unas 500 personas se  agolparon frente de la Residencia oficial de Santa Cruz para  reclamar por sueldos impagos y mejoras salariales. “Queremos entrevistarnos con ella y pedir respuestas”, indicaron los manifestantes reunidos poco después de las 21 horas en las calles Alcorta y Piedrabuena. Era una más de las tantas protestas y marchas que sacuden a la provincia reclamando el pago de los salarios adeudados a maestros, judiciales, legislativos y jubilados. 

Sin embargo, cerca de la 1 de la madrugada, un grupo de manifestantes enardecidos lograron abrir el portón de chapa del frente de la residencia oficial de la gobernación y ganaron el jardín. Al intentar avanzar al interior de la gobernación fueron reprimidos por la policía provincial. El resultado provisional es de cinco heridos de balas de goma, entre ellos un fotógrafo de prensa.

Luego de las refriegas, y lejos de calmarse el ímpetu de los manifestantes, personas comenzaron a arrojar piedras sobre los techos de la residencia y levantaron barricadas. La cuenta de Twitter “CasaRosada 2003 – 2015″, ligada a la ex presidente, comentó: “La Residencia de Santa Cruz fue atacada por personas que  rompieron dos portones de acceso e intentaron violentar la puerta  de la casa. Dentro de la casa que fue atacada hasta con piedras se  encontraban cuatro mujeres solas y un bebe de 18 meses”. Más tarde agregó que habían arrojado excrementos contra el edificio de la gobernación.

Así explicaba la ex presidente, el día despúes de la situación que tuvo que vivir:

Incidentes. Foto Perfil.

Una provincia quebrada

Desde el 10 de diciembre de 1991, gobierna de manera ininterrumpida el apellido Kirchner en Santa Cruz. sin embargo, la gobernadora actual Alicia Kirchner, afirma que la provincia está quebrada. Ante tal situación, memoriosos recuerdan la sentencia del ex presidente Néstor Kirchner: “Si una provincia quiebra, el gobernador debe ir preso”.  La santacruceña Mariana Zuvic, diputada en Parlasur, pareciera coincidir con Néstor Kirchner: “El problema en Santa Cruz no es la falta de plata, sino que sobran ladrones”, percibe $2100 millones mensuales y con $800 millones cubre los gastos corrientes”, e insiste: “En Santa Cruz hace 26 años que no se rinden los ejecutados de los presupuestos”. Es que la provincia no permite el acceso a la información ni aporta datos oficiales de su situación financiera.

Se conoce que sobre una población total de 320 mil personas, 60 mil son empleados públicos, y que el 73% de la población económicamente activa depende de la administración pública. Se pude decir, entonces, que hay un empleado público por cada 5 habitantes.  A ello, la gobernadora afirma que para poder equilibrar las cuentas provinciales tramita la colocación de bonos por 350 millones de dólares pero que el gobierno nacional no acuerda su autorización. En respuesta, el gobierno nacional afirma que la provincia no consigue financiación porque no tiene capacidad de pago. Durante los últimos 15 meses la provincia recibió de parte del gobierno nacional algo más de 11 mil millones de pesos argentinos, unos 25 millones de pesos por día de promedio, sin embargo, está en situación de quiebra financiera.

Cabe mencionar que la ex presidente Cristina Fernández, su familia, allegados y la mayor parte de los altos funcionarios que acompañaron su gestión, están procesados por diversos cargos de extrema gravedad como asociación ilícita para apropiarse de los bienes del Estado, corrupción, cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Los manifestantes, luego de los disturbios encendieron fogatas y bloquearon las calles. Foto Clarín.