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Imagen aérea de una de las plantas (San Lorenzo) de la empresa agroexportadora Vicentín.

En la tarde de ayer, el presidente argentino Alberto Fernández convocó a una sorpresiva conferencia de prensa. El motivo era anunciar que el Poder Ejecutivo decretaba la intervención del gigante agroexportador Vicentín, con inmediato envío a Poder Legislativo de un proyecto de expropiación. 

Decisión gubernamental y respuesta de la empresa

La iniciativa de expropiación es de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien también participó del anuncio junto al presidente, y que declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa Vincentin S.A.I.C”.

La empresa respondió mediante un comunicado que en su párrafo final expresa: “”El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Por último reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”.

Previamente reconoce estar pasando por serias dificultades económicas, pero al mismo tiempo que “los activos de la empresa son muy importantes y están intactos. Todos los que participan en ésta actividad lo saben perfectamente. No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde”.

Circula en redes un video con dos fragmentos de discursos recientes del presidente, señalando la contradicción del discurso oficial ante el tema expropiaciones:

La situación financiera de Vicentín

La deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos bancarios -sobre todo del banco estatal- y el resto a productores y empresas del sector agrícola. Actualmente cursa un proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista.  La empresa es la principal agroexportadora con una participación del 10% del total del negocio.

Vicentin se presentó en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos a fines del 2019. Cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova). Además, tiene una textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Motivos detrás de la intervención

Argentina, hace dos semanas, ha quedado en default por no pagar su deuda internacional. La escasez de moneda fuerte (dólares) ha llevado a las autoridades económicas a obstaculizar y prohibir la libre compra – venta de divisas. El único ingreso de divisas que tiene el país son las exportaciones (también intervenidas por el Estado) de las cuales la mayor parte corresponden a la actividad agroexportadora (cereales y derivados, carnes, etc., de los cuales Vicentín tiene una incidencia importante.

Los dirigentes del sector respondieron negativamente a la intervención estatal: “No nos gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país. A lo largo de la historia, se ha visto que el Estado no es un buen administrador de las empresas privadas. Y ha quedado demostrado que no ha sido eficiente. Todo lo contrario, ha sido un sector de corrupción”, aseveró Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Incertidumbre futura

Hace dos semanas dirigentes del gobierno deslizaron que aquellas empresas que tienen deudas, y son ayudadas por el gobierno nacional mediante el pago de sueldos y otros, debían ser expropiadas. Días después se realiza este anuncio de intervención y expropiación.

Los gobiernos peronistas siempre han mantenido niveles de enfrentamiento con la actividad agropecuaria. Consideran que es un negocio en manos de pocos dueños (terratenientes) que explotan a su personal. Actualmente se considera que la actividad (de manera coloquial y genérica se le denomina en Argentina “el campo” es el principal opositor al gobierno de Fernández. Son continuos los ataques a la propiedad de empresarios agropecuarios con roturas de silos, robos de animales y daños en general. Se desconoce quienes son los autores pero se señala a partidarios del gobierno como responsables, en el contexto del enfrentamiento.

Imagen de algunos de los ataques a productores agropecuarios. La rotura de silobolsas genera pérdidas millonarias.