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El expresidente Alberto Fernández, y la ministra Victoria Tolosa Paz, cuando los tiempos eran felices, para ellos.

El Ministerio de Capital Humano estimó en $17.000 millones argentinos los perjuicios al Estado durante la gestión de Alberto Fernández. La estimación basada en varias auditorías que fueron ordenadas apenas se asumió el gobierno.

Dicho monto, equivalente a unos 19 millones de dólares, es referido a uno solo de los ministerios, el ex Ministerio de Desarrollo Social, que fue liderado por la actual legisladora del peronismo, Victoria Tolosa Paz.

La cuantiosa cifra es provisional, ya que aún se espera el resultado de otras investigaciones que están culminando. Hasta el momento, el actual Ministerio de Capital Humano, que asumió las anteriores carteras de Desarrollo Social, Trabajo, Educación y Cultura, en un plan de reducción de gastos superfluos del Estado, ha presentado 14 denuncias ante la Justicia.

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, arribando a la sede del ministerio.

Son denuncias sobre hechos que generan indignación cuando toman estado público. Por ejemplo, qué líderes de organizaciones de desocupados se apropiaban de fondos destinados a comedores públicos, a la compra de guardapolvos escolares, medicamentos y de planes de ayuda social. Las denuncias de los damnificados suman por miles (6.900 hasta el momento), que incluyen extorsiones y condicionamientos como ceder favores sexuales a cambio de un bono de ayuda social.

Se conoció en estos días que se compraron 174 notebooks de última generación para el Ministerio, que nunca las recibió. Además de severas irregularidades con la compra y otorgamiento de medicamentos oncológicos y subsidios que nunca recibieron los supuestos destinatarios. Estas causas judiciales se suman al ya complicado panorama del expresidente Alberto Fernández, con la causa por obligar a contratar seguros de vida en las dependencias oficiales a compañías de sus socios.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, expresó: “La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.