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El fiscal federal Ramiro González le notificó formalmente al Presidente Alberto Fernández que está “imputado” en la causa por la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos durante la primera etapa de la pandemia, en violación a su propio decreto que prohibía las reuniones sociales.

Violación del propio decreto

Luego de dos semanas de investigación, el fiscal encontró que los presentes en la fiesta eran penalmente responsables de la violación al DNU presidencial (Decreto de Necesidad y Urgencia) que prohibía no solamente los encuentros sociales sino también la circulación por el área metropolitana de Buenos Aires a toda persona no relacionada con tareas esenciales para la salud pública.­

Algunos de ellos ya designaron abogados y otros ofrecieron su comparencia ante la Justicia. El Presidente Fernández, presentó un escrito pidiendo su sobreseimiento y ofreciendo, subsidiariamente, donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, lugar donde se procesan los testeos de Coronavirus.­

Lo notable de su presentación -casi en simultáneo con la imputación del fiscal- es que siendo abogado y docente de Derecho, el presidente no conoce que el imputado no puede elegir la penalización y forma de cumplimiento.

Muchas más fiestas y reuniones

Del análisis de los libros de ingresos y egresos de la Residencia Presidencial de Olivos surge que las reuniones eran frecuentes e intervenían más de diez personas. Otro aspecto conflictivo es la sucesión de visitas de modelos, actrices, comunicadoras e influencers, todas mujeres jóvenes y con alguna exposición pública, durante el horario nocturno y en plena vigencia de las restricciones para movilizarse y reunirse para todos los ciudadanos.

En tanto, la jueza Arroyo Salgado solicitó pericias para determinar si los libros de ingresos y egresos fueron adulterados debido a la probable existencia de noticias, fotografías y videos donde se visualizan personas que no están registradas en dicho documento oficial.