Solicitan juicio político para Alberto Fernández por infringir leyes que él mismo emitiera

Ya ingresó a la Cámara de Diputados un requerimiento contra el mandatario trasandino.

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olivosLa fotografía publicada por la periodista Guadalupe Vázquez de La Nación desmoronó la negativa del gobierno a aceptar haber infringido la ley que el mismo Presidente emitiera por decreto.

Cronología de una mentira

El 27 de julio pasado, gracias a un pedido de información pública, se conocieron los listados de personas que ingresaron a la Residencia Presidencial entre 2020 y primer semestre de 2021. A partir de dichos documentos quedaba en claro que era asiduo el ingreso y egreso de decenas de personas durante la pandemia.

El pasado domingo 8 de agosto, mediante el análisis de dichos documentos, se conoció que la noche del cumpleaños de la esposa del presidente ingresaron a la misma hora nueve personas y permanecieron desde las 22 hasta las 2 de la madrugada, siendo luego trasladados a sus domicilios mediante automóviles oficiales. La agencia de noticias oficial Telam, publicó el día del cumpleaños que “por estar en plena pandemia, (Yáñez) festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo”.

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El lunes 9 de agosto se divulgó una foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, esposa del presidente, en la Residencia de Olivos. En ella, además de la homenajeada y el presidente, había cuatro personas más todas sin barbijo ni respetando la distancia social. Desde Presidencia deslizaron que tal foto sería editada.  Ese día los principales medios de comunicación recién realizaron tímidos comentarios sobre “el rumor” en redes sociales.

Por la tarde el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que la foto era trucada. Siendo esta la primera mención pública del hecho por parte de un alto funcionario.  La foto correspondía al 14 de julio de 2020, momento en que transcurría un período de cuarentena estricta para el resto de los ciudadanos: “con salidas únicamente para cubrir necesidades básicas”, habría expresado el presidente con tono admonitorio al declararla. La empresa de catering retiró de su página web la foto de la torta con dedicatoria del presidente.

Martes 10 de agosto, la periodista Guadalupe Vázquez muestra en el canal La Nación + la foto de la reunión con todos los invitados (es la que encabeza esta nota). Ningún funcionario aceptó expresarse sobre el tema. Los días siguientes, 11 y 12 de agosto, distintos funcionarios comenzaron a esbozar tímidas reprobaciones por la reunión. Partidarios del gobierno como el relator Víctor Hugo Morales, la candidata oficialista Tolosa Paz, y otros se pronunciaron contra lo ocurrido en Olivos, pero lo calificaron simplemente de “error”.

Desde la oposición se comenzó a elaborar la solicitud de Juicio Político al presidente, que podría culminar con su destitución.

Hoy, 13 de agosto, el presidente ensayó un pedido de disculpas por la mañana. Aceptando lo que días atrás era negado enfáticamente. Por la tarde, durante un acto partidario, reconoció públicamente haberse equivocado lamentando lo sucedido. Lo notable es que responsabilizó de todo a su esposa, Fabiola Yáñez: “El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve”.

La oposición no aceptó la suave mención que hiciera el presidente y acelera el trámite de solicitud de Juicio Político en la Cámara de Diputados. Se cursan en la Justicia varias denuncias por el incumplimiento del decreto que el presidente firmara oportunamente.

En tanto, El fiscal Ramiro González, solicitó que la Casa Militar le informe quiénes entraron a la residencia presidencial el 14 de julio de 2020 [el día del cumpleaños], si tenían permiso para circular y quién autorizó sus ingresos. Incorporando al expediente la foto de referencia.

Las conductas de los implicados, según el fiscal, podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 205 y 248 “in fine” del Código Penal. El primero reprime con prisión de seis meses a dos años a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. El segundo, con prisión de un mes a dos años al funcionario que “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

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