• Carolina Disegni, ex Guía de Cultura India
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Más de 200.000 personas de todo el mundo han firmado en los últimos días una petición de Amnistía Internacional, para denunciar el caso de dos jóvenes indias intocables, el eslabón más bajo de la escala social en ese país, condenadas por un consejo tribal a ser violadas y paseadas desnudas.

Hace tres semanas, Meenakshi Kumari, de 23 años, decidió revelarse en contra el rígido sistema de castas indio y denunciar su caso ante el Tribunal Supremo, logrando captar la atención de la organización internacional y de decenas de miles de personas, según ha informado a la agencia EFE la activista que lidera la campaña, Gopika Bashi.

El 30 de julio pasado, un consejo tribal o Khap Panchayat del estado del norte en Uttar Pradesh había condenado a Meenakshi y a su hermana menor a ser violadas como castigo porque su hermano se había fugado con una chica de casta superior a la suya, explicó el abogado de las jóvenes, Vivek Singh.

Las arraigadas costumbres indias prohíben las relaciones entre miembros de castas o religiones distintas, dejando a muchos jóvenes con el escape como única opción para poder mantener un idilio que la sociedad considera inmoral y es castigado a menudo por los consejos tribales.

Familia de intocables

La familia de las hermanas Kumari son dalits o intocables, el eslabón más bajo en el sistema social indio; y tan inferior a los demás, que incluso se queda fuera del sistema de castas, relegado a desempeñar las tareas menos decorosas.

Sin embargo, en una acción de ayuda desesperada poco habitual entre los intocables, Meenakshi llevó su caso al Supremo indio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Castas Desfavorecidas.

Estos decisivos pasos sirvieron para captar la atención de la organización internacional, que se enteró de su existencia cuando el Supremo se pronunció sobre el caso por primera vez el pasado 18 de agosto. Amnistía Internacional lanzó una llamada de acción urgente para dar visibilidad al caso, que generó un inmenso interés global.

En apenas dos semanas, miles de personas de todo el mundo han elevado sus voces para denunciar una injusticia que en muchas áreas rurales de India no sorprendería demasiado.

“Gente de todo el mundo quiere que la familia permanezca segura y apoya que se realice una investigación rápida, completa e imparcial sobre las órdenes dadas por el Khap Panchayat de violar a las hermanas”, ha comentado la jefa de la campaña de AI.

Expulsados de su pueblo

De acuerdo con la denuncia presentada, la condena tenía como objetivo restablecer el honor que la comunidad Jat, a la que pertenece la novia fugada.

El consejo ordenó, además, que los miembros de la familia Kumari abandonaran el pueblo para siempre, lo que les obligó a irse a Nueva Delhi, donde residen desde entonces, según ha detallado su abogado.

“El amorío entre Ravi y Krishna provocó la ira de la Policía de Uttar Radesh y de la comunidad Jat; y como consecuencia los miembros de la familia de la demandante fueron secuestrados y torturados por policías”, dice la demanda ante el Supremo.

El letrado dijo que incluso los parientes de Krishna han involucrado a Ravi en un “caso falso” de posesión de drogas y que el joven no ha podido dejar la cárcel a pesar de tener la libertad condicional, ya que su familia “podría ser asesinada” si vuelve a Uttar Pradesh para presentar los documentos requeridos.

A los Kumari les preocupa también el destino que le espera a Krishna, embarazada con una hija de Ravi. “Ha sido entregada a su familia por la Policía, en contra de su voluntad y la han torturado y confinado en paradero desconocido”, según la petición judicial, que advierte: “muy probablemente se enfrenta a un asesinato por honor”.

Las relaciones por amor acarrean a menudo en India el repudio de los familiares de la pareja, una oposición cuyo extremo se manifiesta en los llamados “crímenes de honor”, con los que se pretende recuperar la honra perdida.

Aunque no existen datos oficiales sobre el número de “crímenes de honor” que se cometen en India, pero la Asociación de Mujeres Democráticas los sitúa en alrededor de mil cada año.