• Roberto Gormaz, ex guía de Economía Doméstica
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Se está planteando un proyecto de Ley para potenciar el pago de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en tiempos más acotados y menos extensos que los actuales, los cuales suelen poner en serios aprietos la subsistencia de las empresas de menor tamaño.

En la actualidad, cuando los grandes comerciantes compran a sus proveedores pueden establecer un plazo de 120 días para realizar el primer pago, esto significa que el empresario debe esperar tres meses para recibir su primer ingreso, ¡esto es demasiado!

Las Pequeñas y medianas Empresas (PYMES) representan el 99% de las empresas, el 20% de las ventas y generan el 60% de los empleos. Sin embargo, no se aplican políticas públicas realmente efectivas y que vayan al corazón del problema que ellas viven.

La Modificación de la ley 20.416 pretende fijar un plazo máximo de 30 días para el pago de las prestaciones de servicios de pequeñas y medianas empresas desde la fecha de entrega de los productos y servicios.

El proyecto establece un plazo máximo de 30 días corridos contados desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago y el plazo pactado nunca podrá ser superior a 45 días contados.

Las razones para plantearlo son:

-          La morosidad es una de las tres razones para el cierre de las PYMES.

-          Escasez de liquidez por financiar proyectos de largo plazo con líneas de crédito a corto plazo con bancos.

-          El plazo de 120 días para realizar pagos, sin caer en mora ni afectar su calificación bancaria, se vuelve nocivo para el flujo de dinero en PYMES.

-          Normativa establecida por la OCDE (Organización para la Cooperación y desarrollo Económico que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo).

Este proyecto ha sido encabezado por gremios como: CONAPYME, Cámara Chilena de la Construcción y FECHIPAN.