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El Presidente Gabriel Boric informó el pasado jueves sobre la Ley de Presupuesto 2023 y, en materias de seguridad pública, priorizó dos grandes ramas:

• El Orden Público y Seguridad tendrán un total invertido de $164 mil millones
• Aumentará un 4,4% más que en el 2022
• Por otro lado, se establecerán $38 mil millones para la nueva Política Nacional contra el Crimen Organizado
• Para Carabineros, se destinará un total de $25 mil millones

“Destinaremos todos los recursos públicos que sean necesarios para resguardar la seguridad de las personas (…) sabemos que la seguridad pública es un derecho”, aseguró el mandatario al informar de aquellas cifras.

Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, analiza esta propuesta diciendo que “tenemos una situación que está empeorando en el fondo. Entonces, dicho eso, el que se invierta en crimen organizado es importante y necesario dada la situación que vivimos hoy”, inicia.

“Pero, lo primero, es saber en qué se va a generar esta inversión; qué es lo que lleva este plan, porque la inversión siempre será bienvenida, pero debe ser una que realmente sirva. Por lo demás, uno siempre quiere que fuera más, aunque sabemos que el Presupuesto a la nación tiene límites”, comentó.

Por último, Martorell añade que debe darse enfocarse este presupuesto en los siguientes puntos para conseguir su efectividad:

• La implementación de medidas de seguridad de las cárceles
• El desarrollo de inteligencia en las cárceles
• Se debe tener en consideración que hay carteles que operan desde los recintos carcelarios, como el Tren de Aragua
• Tener más personal de Gendarmería
• Realizar capacitaciones
• Tener vehículos blindados
• Hacer un trabajo importante en aduanas
• Que funcionen los scanner no solo en puertos y entradas, sino también en las personas
• Tener un refuerzo absoluto de las fronteras
• Se debe invertir en investigación desde la perspectiva tecnológica y técnica
• Esto debe ir acompañado de proyectos de ley que están congelados en el Congreso, siendo dos los fundamentales: El Proyecto de Ley sobre Crimen Organizado y Asociaciones Ilícitas más la persecución del patrimonio de los narcotraficantes

Focos para el crimen organizado

En complemento con lo dicho por Martorell, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, establece una serie de puntos necesarios a considerar para que el presupuesto sea del todo efectivo:

• Mejorar las capacidades de persecución penal del Ministerio Público: Dar capacidades a las fiscalías, ya sea aumentando o redestinando recursos, para una mayor capacidad de obtener, procesar y analizar datos
• Mejorar la coordinación interinstitucional: Promover el trabajo colaborativo y que se compartan datos entre diferentes instituciones con información relevante para la persecución penal de organizaciones delictuales: PDI, Carabineros, Ministerio Público, Gendarmería, Aduanas, Fiscalía Económica, municipios, Gobiernos regionales, etc.
• Fortalecer la institucionalidad persecutora: Crear una fiscalía con facultades para la persecución de delitos complejos transregionales en colaboración con las fiscalías regionales y locales
• Interrumpir el inicio de comportamientos delictuales en niños y jóvenes usados por bandas para cometer los delitos
• Disminuir la rentabilidad de negocios ilícitos

A su vez, para el experto debería potenciarse “principalmente el sistema de prevención temprana de inicio de conductas delictuales y la persecución penal de organizaciones criminales”, aseguró.

El tipo de violencia actual y sus proyecciones

Rubén Lozano Gómez, perfilista criminal y Director Pericial de Forensis (Centro de Servicios Forenses) dice que “en lo que se refiere a presupuesto, pareciera que lo que se recibe no es suficiente, pero no se puede negar que es un incremento considerable y que ayudará a Carabineros a realizar su trabajo de mejor forma”.

“Algo importante a resaltar, es que la delincuencia se ha tornado más violenta, por lo que las policías deben capacitarse mejor en cómo afrontar estas situaciones. Lo ideal, sería que evitaran la confrontación directa y de esta forma evitar escenarios similares a los de México o Colombia”, analizó.

Por último, indicó que “se debería de optar por otras estrategias que ayuden no solo a salvaguardar la integridad de los integrantes de las policías, sino que también de los civiles que pudieran encontrarse en un área determinada, pues esos daños colaterales deben evitarse lo más posible”, finalizó, estimando que de esa forma se cubrirían los problemas reales de cada área.