• Rosario Acevedo y Niklas Wiberg, equipo de Facts
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El pasado lunes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, comunicó que el Gobierno le otorgó suma urgencia al proyecto de ley que concedería la amnistía a las personas que se encuentran privadas de libertad por estar asociados a la comisión de delitos durante el estallido social. El anuncio provocó críticas desde la oposición, que acusó de “doble estándar” a la nueva administración en materia de seguridad, asegurando el rechazo a la norma que será votada en el Senado en los próximos días.

Indulto v/s amnistía: En una primera instancia, parlamentarios y expertos criticaron el concepto de indulto utilizado por el Gobierno para definir el proyecto de ley, debido a que la iniciativa contiene los efectos propios de una amnistía. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambas figuras?

• Indulto general: Está regulada en el artículo 93 n° 4 del Código Penal y remite, reduce o conmuta la pena. Sin embargo, no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento. El indulto sólo puede concederse una vez que ya existe sentencia condenatoria ejecutoriada.
• Amnistía: Está regulada en el artículo 93 n° 3 del Código Penal y extingue por completo la pena y todos sus efectos, funcionando como una condonación del delito. Esta no tiene límite de tiempo pudiendo otorgarse antes de que se inicie la investigación penal, durante el proceso penal y después de la sentencia condenatoria, o incluso, una vez cumplida la condena.

Para Nicolás Garrido, abogado penal de la Universidad Católica, “tanto la amnistía como el indulto son decisiones políticas. El Gobierno apoya esta figura porque hicieron una promesa que es política: liberar a los presos del estallido social. Este proyecto y ciertos matices que subyacen al tema en general son desafíos que enfrentan a la independencia del Poder Judicial con el Ejecutivo”.

Garrido agrega que “según la Constitución actual, en el artículo 76, se menciona que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Esto significa que el Presidente no puede interferir en procesos judiciales pendientes. La mayoría de los presos del estallido social fueron procesados por la Ley de Armas, por lo que este tipo de decisiones es más política que judicial, que refleja la desconfianza que se ha instalado en la ciudadanía con respecto a los tribunales”.

El fragmento medular del artículo n° 1 del proyecto (puedes ver aquí el proyecto de ley completo) señala que se “concede indulto general a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados por hechos delictivos”. En tanto, el segundo artículo “declara beneficiarios del indulto general a quienes hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 7 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley”.

Con respecto a la discusión que se dio entre diversos actores políticos en relación a las investigaciones de los delitos realizados durante el estallido social, Claudia Iriarte, abogada, investigadora y editora general de Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, destaca que “en la gran mayoría de los presos del estallido, la investigación hecha por el Ministerio Público no han llegado a término. Son personas que están eternamente detenidas sin que exista una sentencia, lo cual atenta claramente con las normas del debido proceso y con los derechos fundamentales”.

Además, Iriarte explica que el impulso del proyecto de ley por parte del Gobierno responde a una integración del derecho internacional: “Por la vía del artículo 15 inciso 2 de la Constitución, se establece que el límite de la soberanía son los propios derechos consagrados por la constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta interpretación genérica de ese sistema de derechos humanos incide en nuestro ordenamiento jurídico y es el fundamento de este y muchos otros proyectos de ley”.

A raíz del anuncio del Gobierno, el senador Rojo Edwards anunció que el Partido Republicano iniciará un procedimiento de recolección de firmas para realizar una interpelación a la ministra del Interior, Izkia Siches.