• Rosario Acevedo Castillo, equipo de Facts
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El sábado pasado, el Banco Central (BC) informó que realizó una denuncia al Ministerio Público tras la suplantación de identidad de un proveedor internacional de servicios de consultoría, por la no recepción de un pago correspondiente a sus servicios prestados en el 2021, por el monto de USD 205.000, alrededor de 170 millones de pesos.

Según el comunicado del Banco Central, la consultora informó al BC el 11 de mayo, que no habían recibido el pago correspondiente a sus servicios prestados en 2021. Además, de alertar que la empresa había sido “víctima de intentos de suplantación de identidad que comprometían a algunos de sus clientes y tenía por objeto desviar pagos correspondientes a sus servicios”.

Tras la denuncia que hizo el Banco Central en Fiscalía, comenzó la investigación penal del caso y según el abogado y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), especialista en delitos económicos, Héctor Hernández, el Ministerio Público utilizará todos los recursos de la investigación hasta “agotarla”, esto se debe:

• “Por la gravedad del hecho, la importancia del órgano afectado, y por el volumen económico, no es algo menor (…) por lo que solo pondrá término cuando efectivamente no haya nada más que hacer”, dice Hernández.

Las sanciones para quienes resulten responsables del acto fraudulento, según el profesor de la UDP, van desde los 3 años un día hasta los 5 años de privación de libertad, debido a que se les juzgaría por el delito de estafa “y es una pena de presidio menor en su grado máximo”. Sin embargo, el experto agrega que se podría eventualmente considerar juzgar por la Ley 19.223, de delitos informáticos por los ilícitos que se consagran en:

• Artículo 2: “El que, con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, la intercepte, interfiere o acceda a él”.
• Artículo 3: “El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información”.

Estos artículos según Hernández tienen que ver con “acceso indebido y alteración de datos”, ya que “la víctima no habría sido el BC, sino más bien el proveedor, por lo que es posible que haya alguna manipulación en el sistema del proveedor que podría haber permitido que se engañara al ente emisor, y tendrá que ser materia de investigación”. Además, el experto menciona que podría haber “un delito de usurpación de nombre que está consagrado en el Artículo 214 del Código Penal”.

Los posibles resultados de la investigación, según el académico de la UDP, pueden ser varios, desde “hacer efectiva la condena de los responsables y no recuperar el dinero perdido, o recuperar lo perdido y obtener una condena”. Todo depende, de acuerdo a Hernández, de la investigación, de si existe este dinero, o si los responsables “tienen un patrimonio sobre el cual hacer efectivo la acción de este íntegro”. Sin embargo, agrega de que “no sabemos si los potenciales responsables están en Chile, ya que perfectamente podría tratarse de alguien en el extranjero, lo que dificulta naturalmente la investigación”.

No afectarán los fondos soberanos: Desde el ministerio de Hacienda respaldaron la denuncia realizada por el Banco Central y afirmaron que el ente emisor “ha sido objeto de este potencial fraude en su carácter de agente fiscal, y las eventuales pérdidas no afectarán a los fondos soberanos que éste administra por cuenta del Fisco”.

El economista y ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, concuerda con lo planteado por Hacienda y menciona que el ente emisor “tiene reservas internacionales de cerca de US$50 mil millones, y pagan a proveedores a cada rato, por lo que son accidentes y uno va aprendiendo”.
En esa misma línea, el BC mencionó en su comunicado que “están adoptando todas las medidas para evitar perjuicios económicos a la institución, (…) además de haber iniciado una investigación interna a determinar responsabilidades administrativas y eventuales acciones para prevenir situaciones como la indicada”.

Algunas de las medidas que plantea el ex presidente del Banco Central son:

• “Crear más sistemas de control para que no se repitan estas situaciones e invertir en ellos, porque los ataques van a seguir y se irán perfeccionando cada vez más”.
• “Que el BC revise todos sus procedimientos y los haga más estrictos, ya que tenemos el riesgo de este tipo de ataques”.

El abogado especialista en delitos económicos además señala, que “toda persona, organismo e institución pueden ser víctima de estos delitos”, ya que “los sistemas informativos son falibles universalmente”, es por eso que enfatiza en la importancia de revisar “periódicamente las vulnerabilidades posibles, e ir extremando las medidas”.