• Rosario Acevedo Castillo, equipo de Facts
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La presentación de un proyecto de reforma constitucional por los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, Matías Walker y el independiente Pedro Araya, para bajar a 4/7 el quórum para modificar la actual Carta Magna, -y mostrar disposición a reformarla en un eventual triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida- causó que numerosos políticos de la centroizquierda mostraran su oposición a la idea de levantar un “plan B”.

El “plan B” que presentaron los senadores Rincón, Walker y Araya plantea reducir los quórums de dos tercios y tres quintos que contempla la actual Constitución, como requisitos de su reforma, a un quórum de 4/7, esto con el fin de que “creemos que es un quórum razonable que le otorga estabilidad a las normas constitucionales, pero que, al mismo tiempo, respeta el principio democráticos para su reforma, evitando que un grupo minoritario tenga el poder de veto”, señalaron los parlamentarios cuando anunciaron el proyecto.

El pasado lunes, exministros y senadores, dieron a conocer mediante una carta el rechazo ante la propuesta de reforma constitucional de los parlamentarios DC y argumentaron lo siguiente:

• “Existen sólo dos alternativas disponibles: Aprobar o Rechazar el texto de nueva Constitución que proponga la Convención Constitucional para el Plebiscito del 4 de septiembre”.
• “No hay una tercera alternativa porque no fue planteada en la reforma constitucional que posibilitó el Plebiscito de Salida. En consecuencia, el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”.
• “Cambiar los quórums para reformar la actual Constitución de la dictadura implica dejar subsistente dicha Constitución respecto a la cual, la ciudadanía en forma abrumadora se manifestó en contra en el Plebiscito de octubre del 2020. El plan B no es una opción real”.
• “La ciudadanía quiere pronunciarse sobre alternativas claras y concretas y no sobre acuerdos cupulares respecto a una Constitución que ya está muerta y cuyo texto no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años”.

La propuesta de algunos de los parlamentarios de la DC ya cuenta con el apoyo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli, pero no con el de La Moneda. El Presidente Gabriel Boric, fue tajante al respecto:

• “Quienes en su mayoría han estado del lado contrario de las transformaciones durante tanto tiempo, es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios”.
• “El 4 de septiembre hay dos alternativas, aprobar o rechazar la nueva constitución. No hay otra alternativa. (…) Si la derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo. Pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías”.

Frente a las distintas opiniones respecto a la legalidad y legitimidad del proceso frente al “plan B”, ¿qué escenarios se vislumbran ante esta posibilidad y cómo debería resguardarse la legitimidad de este proceso? El abogado constitucionalista del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gaspar Jenkins, señala que es importante diferenciar “la implicancia jurídica de la presentación de un proyecto, y los efectos políticos de ese proyecto”, es por eso que explica:

• “Desde una perspectiva legal o constitucional, los parlamentarios siempre tienen la posibilidad de presentar los proyectos de ley o de reformas constitucionales que estimen necesarios, por lo que jurídicamente no hay un impedimento para ello. Sin embargo, deben cumplir con los procedimientos establecidos para que esos proyectos vean la luz, y eso implica cumplir con un quórum determinado”.
• “Desde la perspectiva política efectivamente se generan algunas controversias respecto de si es adecuado o no abrir la discusión parlamentaria en este momento de la discusión constituyente (…) y va a depender de cómo entendemos la democracia, porque si entendemos que lo más democrático es mantener las reglas del juego, y aplicar esta medida las cambia (no lo sería). Pero si entendemos que es dar más alternativas y tener más donde elegir, se estaría dando una mayor democracia”.
• “No hay ningún impedimento para hacerlo desde lo legal, pero sí hay que ser consciente de que esto abre una conversación política profunda y lo que va a terminar siendo relevante van a ser los distintos intereses políticos que tengan los parlamentarios”.

Jenkins precisa que con los actuales quórums exigidos en la Carta Magna, “pocas veces se ha alcanzado los dos tercios”, y aún este proyecto está en una “fase inicial por lo que no existe certeza de que se cambien estos quórum antes de que se realice el plebiscito en septiembre”.

“Por supuesto que se podría cambiar el proceso en curso, pero ejemplificaría, una crítica a la legitimidad del proceso como ya algunos lo hacen. (…) Además, los plebiscitos tienden a ser dicotómicos, para darle a través de este ejercicio de democracia directa un marco de legitimación al proyecto en curso, entonces una tercera vía podría generar distorsiones importantes”, dice el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Mayor, Juan Ignacio Ipinza.

En el caso hipotético de que se llegue a la aprobación parlamentaria de disminuir los quórums para reformar la constitución, gane el Rechazo y comience a reformarse la Carta Magna, el académico de la Universidad Mayor menciona que el tiempo que se demore en aplicarse “depende del trabajo del Congreso, pero que las reformas comienzan a regir desde el minuto que se promulgue, a menos que se establezcan plazos para ellos como pasó ahora con las disposiciones transitorias”. Sin embargo, advierte que:

• “Hay que tener mucho cuidado con las discusiones constitucionales porque generan la estabilidad y el marco general del país, por lo cual no deben ser discusiones eternas, ya que solo así generarán un marco de seguridad jurídica a todas las personas, y habrá fidelidad respecto a los derechos y los procesos que nos rigen”.