• Rosario Acevedo Castillo, equipo de Facts
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El pasado jueves el Presidente Gabriel Boric presentó desde la Región de Arica y Parinacota el Plan Nacional de Seguridad Pública para los años 2022 – 2026, con el que el Gobierno busca combatir la delincuencia. La iniciativa contempla más de 30 medidas enfocadas principalmente en el foco de la prevención del delito, persecución del crimen organizado, el acompañamiento a las víctimas de delitos, control de armas y más.

El anuncio se dio luego de que el Presidente Boric junto a la ministra Izkia Siches, encabezaran el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública al que asistieron diversas autoridades públicas. Frente al anuncio, diversos parlamentarios de Chile Vamos cuestionaron la propuesta y pidieron medidas “más concretas”. Algunas de las críticas fueron:

• Jorge Alessandri, diputado UDI: “Se nos presenta un plan corto, pequeño, con muchas buenas ideas, con muchos proyectos de ley que ya están en tramitación en el Congreso, con muchos aspectos de la ley de armas que ya está aprobada en enero, y sólo falta su reglamento para ser implementada. Con el anuncio respecto a los municipios y el fortalecimiento, también aprobados en gobiernos anteriores. Por lo tanto, esperábamos más”, complementó.
• Camila Flores, diputada RN: “Seguimos viendo cómo el gobierno se enfoca en mesas de trabajo, en anunciar para meses más adelante medidas que se requieren hoy día. Ya basta de mesas que generan diagnósticos, los diagnósticos están bastante claros. Lo que necesitamos ahora son acciones concretas, que vayan directamente a atacar el crimen organizado y el narcotráfico”.

¿Pero cuáles son las medidas que abarcará el Plan Nacional de Seguridad Pública? Según la información entregada por el Gobierno, la propuesta se dividió en siete ejes que proponen las siguientes medidas:

• Fortalecimiento Institucional y Gobernanza: Nueva política Nacional de Seguridad Pública para los próximos 10 años, creación del Ministerio de Seguridad, reforma a Carabineros, reforma a Ley Orgánica de Municipalidades para el fortalecimiento del rol municipal en seguridad.
• Prevención del Delito: Creación del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, intervención efectiva en barrios, distribución de recursos policiales, Centro de Acción Estratégica para la Prevención de los Homicidios, articulación público-privada e interministerial, y fortalecer el programa Denuncia Seguro.
• Derecho a la información y equidad: Modernizar y perfeccionar la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, y mejorar y ampliar el acceso a los sistemas de información delictual en línea, tanto a nivel estadístico como territorial.
• Protección y acompañamiento a víctimas de delitos: Ley que crea el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, y expansión de servicios para las víctimas de violencia intrafamiliar.
• Crimen organizado: Política Nacional contra el crimen organizado y prevención y persecución del tráfico de migrantes y la trata de personas.
• Control de armas: Persecución penal y sistemas de trazabilidad de armas de fuego y municiones, fortalecer el control en fronteras de armas, implementación de técnicas especiales de control y fiscalización mediante internet.
• Orden público y recuperación de espacios públicos
• Seguimiento y evaluación del plan

Para el ex jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Jorge Araya, va en la línea correcta el anuncio y le parece positivo que “se tome en serio el tema de la seguridad pública y que se le dé la envergadura que se requiere en este minuto para el país”. Sin embargo, menciona que las medidas “no responden al corto plazo ni a la contingencia”.

“Muchas medidas son de perfeccionamiento de lo que ya existe, que me parece bien”, pero el experto señala que se podrían haber ingresado algunas medidas más inmediatas tales como:

• Creación de una brigada especializada de crimen organizado que juntara efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.
• Contratar más policías y/o hacer un programa de reforzamiento de los planteles de formación de éstas, para que a corto plazo “haya una cantidad mayor de policías”.
• Crear un incentivo para que profesionales de distintas áreas quieran ingresar a estas instituciones.

En la misma línea, el experto menciona que al plan le hace falta un “fortalecimiento del Ministerio Público”, ya que “los delitos que no se resuelven, no se investigan y/o no tienen condena alcanzan un 67%, (…) por lo que muestra una falta de capacidad de la institución de hacer una investigación y acumular pruebas para llegar a condenas efectivas”.

El ex subsecretario de Carabineros y secretario general de la Universidad Central, Neftalí Carabantes también destaca el plan elaborado por el gobierno, específicamente las medidas:

• Creación del Ministerio de Seguridad Pública, ya que “su dedicación estará 100% enfocada en la generación e implementación de políticas públicas en materias de seguridad”.
• “Respaldo también el hecho de avanzar y concluir en este gobierno la Reforma de Carabineros”.
• Respecto a robustecer el control de armas, el experto señala que “es clave modernizar el sistema de control y registro para tener la información en tiempo real de quiénes tienen armas en su poder, sobre todo dar un salto en el plano tecnológico, y que esta información pueda estar disponible online, para las instituciones que tienen competencia en el control de armas”.

Efectividad de las medidas

“Todo depende de los recursos que se coloquen”, afirma Araya, añadiendo que el fortalecimiento del rol municipal en seguridad “es una buena idea, pero si no se dota de recursos, va a pasar lo que viene pasando hace años que es que se le traspasan atribuciones a los municipios sin los recursos necesarios y eso al final se transforma en una crítica permanente”.

El ex jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, también recalca que “la efectividad dependerá de cuántos recursos se destinen, pero no conocemos el presupuesto ni el detalle”. Según el experto, hoy la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene menos recursos que los que tenía en el año 2016, por lo que “es claramente un problema”.

De acuerdo a información obtenida en la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile:

• En 2016, se destinaron $55. 199.462 a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
• Para este año, el presupuesto para la institución gubernamental fue de 10 mil millones menos aproximadamente, traduciéndose en $45.532.651.

Preparación de las policías

Según el ex subsecretario de Carabineros, las policías “están capacitadas para llevar a cabo este plan”, sin embargo, el experto señala que “siempre es necesario capacitarlas de forma continua y dotarlas de mejor tecnología”.

Araya cree que la PDI “lo está haciendo bien, pero Carabineros de Chile aún no ha resuelto los problemas que han tenido en los últimos años”. Es por eso que señala, que se debe tener “una policía más profesional y con mejores resultados de investigación, pero al no conocer los detalles de la reforma policial”, aún es una tarea pendiente.