• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

Con respecto a los registros del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en 2022 se aprobaron 27 proyectos mineros por US$ 3.311 millones. Sin embargo, desde el 2015 hasta el año pasado, se han rechazado 8 iniciativas en total, de las cuales, 7 fueron en los últimos doce meses, por una cifra que comprende 3.291 millones de dólares. De acuerdo con la consultora Plusmining, el monto invertido validado registró un 30% menos que la cifra promedio en los últimos ocho años (US$ 4.757 millones).

Entre las siete iniciativas rechazadas en 2022, se encuentran:

• Los Bronces Integrado (Anglo American)
• Continuidad operacional de la Mina El Soldado (Anglo American)
• Almacenamiento de Agua en la Mina Javiera (Compañía Minera Cerro Bayo)
• Fénix Gold (Rio2 Limited)
• Plan de Desarrollo de Largo Plazo (Compañía Minera Cerro Negro)
• San Cayetano (Faenas Mineras Diómedes Cruz)
• La Represa

“Es una situación preocupante. Existen importantes proyectos de inversión que están a la espera de ser revisados y aprobados, y que pueden agregar importantes producciones en un momento en que hay necesidad de ellas a nivel mundial. Hay un estancamiento y no parece haber voluntad por aprobar proyectos técnicamente factibles. No es una buena señal, si por otra parte se quiere apostar por incrementar la inversión en momentos en que es muy necesaria”, expresa el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco.

Factores que han incidido

De acuerdo con Riesco, existe una multiplicidad de factores ligados a demoras prolongadas en la tramitación de los permisos, además de una falta de certeza en el resultado de los procesos, incluso aunque se cumplan las condiciones legales y reglamentarias.

En esa línea, el presidente de Sonami enfatiza en la importancia de reforzar la necesidad de agilizar la tramitación y robustecer la validez de los permisos ambientales. “Este punto es esencial para avanzar en la seguridad jurídica y generar así, mejores condiciones de inversión”, asevera.

Nicolás Muñoz, analista de Industria Minera de Plusmining, señala que, además de los criterios de evaluación de la institución ambiental aplicados sobre los proyectos mineros, se ha visto una disminución en el tamaño de proyectos de gran envergadura en minería, y un menor desarrollo de nuevos proyectos.

Impacto para el sector minero y posibles cambios para el futuro

Entre las consecuencias para este mercado, Muñoz destaca que se genera un menor desarrollo de la industria, además de una pérdida en la competitividad con otras jurisdicciones mineras. También, el experto destaca que esta situación produce una mayor percepción del riesgo por parte de los inversionistas, ante las dificultades de obtener los permisos necesarios en sus proyectos.

Jorge Riesco señala que sería relevante avanzar hacia un procedimiento administrativo “altamente técnico y especializado”, el cual sea conducido por un servicio de evaluación ambiental autónomo, como organismo público especializado en la evaluación de impacto ambiental, y que esté orientado por un “principio conclusivo”, diferenciando cada proyecto según su tamaño.

“En un nuevo sistema, no se debieran mantener las Comisiones de Evaluación Ambiental regionales (COEVAs) para la calificación ambiental de proyectos de inversión. En tal sentido, las discusiones de estos años apuntan a si efectivamente la intervención de los Seremis agrega valor a la calificación ambiental, una vez que el SEA ya ha elaborado el correspondiente Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que contiene su recomendación técnica. (…) En definitiva, la calificación de un proyecto podría resolverse por la respectiva Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, primando la decisión técnica por sobre una decisión política”, manifiesta Riesco.

Además, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el experto cuestiona la intervención en la evaluación ambiental de organismos sectoriales con competencia ambiental, en asuntos distintos al otorgamiento de los permisos sectoriales.

Riesco sostiene que otro aspecto relevante que debiera revisarse, es el de los recursos administrativos y judiciales en las resoluciones que son dictadas en el marco del SEIA. Ante esto, enfatiza en la importancia de “zanjar”, a nivel legal, la discusión que se ha desarrollado en torno a la figura de la “invalidación ambiental”.

“Una de las interpretaciones que ha sostenido la Corte Suprema, consiste en la posibilidad de solicitar la invalidación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), dentro del plazo de dos años a contar de la notificación de dicha resolución. Esto ha generado una incertidumbre relevante para el desarrollo de proyectos de inversión, que transcurridos dos años desde la dictación del acto que lo aprueba ambientalmente, e incluso ejecutado en todo o parte el proyecto, existe la posibilidad que sea revisado por los Tribunales Ambientales y superiores de justicia”, afirma el presidente de Sonami.

Efectos económicos

Entre las principales consecuencias económicas de la caída en los montos de inversión del sector, Nicolás Muñoz señala que se produce una menor recaudación por efectos tributarios, una pérdida de competitividad para los productores de cobre, una disminución en la mano de obra requerida para la ejecución de proyectos, y una mayor percepción de riesgo como país.

“Las perspectivas futuras es algo que está en proceso de evaluación y que requiere mayor análisis de múltiples variables sectoriales”, agrega Muñoz.

“Podríamos decir que para tener más y mejor minería necesitamos más y mejor Estado. (…) La iniciativa privada puede y debe ser liberada, y el Estado ser un catalizador para nuevos emprendimientos mineros”, añade Jorge Riesco.