• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general este lunes el proyecto de Ley de Usurpaciones, el cual regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, estableciendo nuevas penas de prisión efectiva, junto con formas comisivas, e incorpora mecanismos más eficientes de restitución. Por su parte, el Gobierno tiene hasta el 12 de junio para ingresar indicaciones.

La propuesta legislativa generó rechazo en algunos sectores, específicamente por parte de Apruebo Dignidad y TECHO-Chile, quienes manifestaron que sancionar con cárcel las usurpaciones “criminaliza la pobreza”.

De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, realizado por TECHO-Chile, se evidenció un aumento del 39,5% de estos tipos de asentamientos en el país, respecto al período 2021-2022, con un total de 113.887 hogares.

Según las cifras del Ministerio de Bienes Nacionales, durante el 2022, el número de ocupaciones ilegales e irregulares de terrenos fiscales superó las 19 mil a nivel nacional. Esta problemática se ve agravada por la eventual presencia de varias ocupaciones en un mismo terreno.

Con anterioridad, señalaron desde dicha cartera que esto constituye un fenómeno complejo y de larga data, que aumentó con la pandemia y la crisis económica asociada a esta, argumentando que durante el 2018 y 2019, las ocupaciones se mantuvieron estables en cerca de 13 mil, pero ya el año 2020 aumentaron a más de 15 mil, y el 2021 subieron a 17 mil.

“En la actualidad, el delito de usurpación de bienes raíces tiene asociada una pena de 11 a 20 UTM. Esta multa puede bajar de 6 a 10 UTM si quien efectuó la usurpación alega un supuesto derecho o “apariencia de derecho” por sobre el bien. Con la iniciativa esto cambia, aplicándose una pena de 61 días a 5 años ante una usurpación violenta y de 61 días a 3 años para la usurpación no violenta”, detalla el diputado RN y miembro de la Comisión de Seguridad, José Miguel Castro.

El parlamentario asevera que, desde un inicio, el Código Penal concibió a este hecho como un fenómeno más bien entre particulares, motivo por el que no le asoció penas de cárcel. Y argumenta que esto incide, además, en que no se pueda detener a los que cometen una usurpación, ni someterlos a medidas cautelares, por lo que los afectados deben ir a tribunales a exigir la desocupación de su propiedad.

Los detalles del proyecto y las eventuales modificaciones

Pablo Bravo, abogado de Expertosendeudas.cl y encargado del área inmuebles, explica que el objetivo de esta moción es resguardar el derecho a la propiedad -asegurado tanto en la Constitución Política de la República, como en el Código Civil-, a la posesión pacífica de un inmueble, en forma perpetua y libre de todo lo que un tercero pueda ocasionar sobre un bien inmueble.

Además, el experto indica que el proyecto no sólo busca resguardar al titular del derecho de dominio, sino evitar engaños a terceros “compradores de meras expectativas” sobre un inmueble.

“Actualmente, el marco normativo vigente a estos ilícitos nos habla de sanciones económicas en base a multas a quien usurpe un terreno o inmueble. Además, la tipificación de este delito señala que no basta para configurar el delito la mera ocupación material del inmueble, es necesario también el despojo del derechohabiente, usando intimidación, astucia, engaño, etc., pues la simple ocupación, sumada a la ignorancia o mera tolerancia del dueño, no es delito, sino que constituye la figura civil del precario”, precisa Bravo.

Francisco Javier Langer, abogado UC, director jurídico del estudio LyV, y Magíster en Derecho Penal, afirma que la propuesta busca también extender el periodo de flagrancia tratándose de este delito –actualmente la flagrancia es de 24 horas-, además de permitir la restitución anticipada del inmueble ocupado, tanto durante la investigación del delito como al presentarse la demanda civil.

“Las sanciones actuales son penas pecuniarias, o sea, multas para quienes usurpen inmuebles que van -dependiendo el caso- de seis a veinte Unidades Tributarias Mensuales. La sustitución de una pena económica por una pena privativa de libertad es la gran novedad, las cuales distinguen entre haber obrado sólo o formando parte de una asociación o agrupación, siendo esta última una agravante. En resumidas cuentas, la sanción por usurpar un inmueble comenzaría desde presidio menor en su grado mínimo”, manifiesta Pablo Bravo.

El diputado UDI y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, asegura que el proyecto, además, consagra de manera efectiva la legítima defensa en los casos en que se repelan dichos actos.

Las nuevas formas de este delito

José Miguel Castro señala que, en la actualidad, el delito de usurpación se comete especialmente de manera organizada, existiendo bandas que se apropian de terrenos privados o particulares, los lotean y venden de manera ilegal.

“Incluso en el extranjero se ofrecen terrenos en tomas chilenas para que migrantes arriben a Chile después de su ‘adquisición’. Asimismo, ocurren estafas a adultos mayores o personas vulnerables que ven en este mecanismo una forma de acceder a la vivienda, mientras que en el sur sabemos que las ocupaciones ilegales son protagonizadas por organizaciones con alto poder de fuego. Esto es algo que debe parar lo más rápidamente posible, para lo que es necesario incluir penas de cárcel y un mecanismo de restitución rápida de los bienes usurpados”, agrega Castro.

Pablo Bravo detalla que las nuevas formas de este delito (contempladas en la moción) distinguen entre la ocupación ilegal de un terreno o inmueble mediante el uso de amenazas, la ocupación ilegal mediante una asociación ilícita, y se incorpora la figura de alteración y/o destrucción de deslindes.

Finalmente, el abogado añade que se incorpora una medida cautelar real especial, señalando: “Tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público o la víctima, en cualquier etapa del procedimiento, podrán solicitar la autorización judicial para el desalojo de él o los ocupantes ilegales, y obtener el auxilio de la fuerza pública a fin que ejecuten la orden y la entrega del terreno usurpado”.

“Hoy en Chile los dueños de predios y de inmuebles están siendo despojados de sus propiedades por verdaderas mafias y crimen organizado, que se aprovechan de una legislación desactualizada y poco eficaz. El problema radica principalmente en la falta de atribuciones para repeler estos delitos por parte de Carabineros o incluso de las propias víctimas a través de la legítima defensa”, expresa Jorge Alessandri.