• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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El Gobierno anunció el jueves pasado la implementación de la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME). Esta política buscará promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, considerando las necesidades de los territorios y fomentando la “integración armónica de las personas migrantes”.

El proceso comenzó el 6 de mayo del año pasado, a través del Consejo de Política Migratoria, comisión que aprobó el diseño de esta nueva política.

La PNME contempla 10 ejes temáticos de trabajo, con 28 medidas de aplicación inmediata, además de una batería de proyectos de ley para reformar la Ley de Migración y Extranjería (N°21.325) y otros cuerpos legales, a modo de poder cumplir los objetivos de la Política.

Soledad Torres, abogada experta en migración y directora general de Legal Global Chile, señala que los ejes temáticos de esta política son: Regularidad migratoria; desarrollo económico y productivo; reunificación familiar, sujetos de protección especial; seguridad, control de fronteras y crimen organizado; respuestas a emergencias, catástrofe y desplazamientos por el cambio climático; integración e inclusión social; chilenos en el exterior; multilateralismo y relaciones internacionales; gobernanza y gestión migratoria.

Entre algunas de las 28 medidas inmediatas a implementar, la especialista menciona:

• Programa de rezago de solicitudes migratorias: Para regularizar la tramitación de residencias definitivas históricas. Permite el ingreso de 62 analistas para dicho objetivo, con las solicitudes de residencia pendientes de los años 2020, 2021 y 2022.
• Implementación del proceso de asignación de RUN: Se busca unificar los provisorios, que se dieron por distintos servicios.
• Desarrollo de plataforma de conectividad entre la Bolsa Nacional de Empleo y el Servicio Nacional de Migraciones: La idea es vincular la bolsa de empleos, perteneciente al Ministerio del Trabajo, con el Sistema de Solicitud de Permisos de Residencia. Esto busca que las personas puedan tramitar su permiso de residencia desde el extranjero, para lo que podrán encontrar ofertas laborales antes de llegar al país.
• Implementación del Programa Niñez Migrante: Busca priorizar solicitudes de residencia por reunificación familiar solicitadas para menores de edad.
• Plan de fortalecimiento a la matrícula 2023: A modo de aumentar la oferta educativa.
• Agilizar la inscripción en FONASA para personas en situación irregular: Se realiza a través de un número de identidad provisorio.
• Formación del Comité Interinstitucional para la materialización de expulsiones administrativas y judiciales: Esta medida busca concretar las expulsiones no concretadas desde 2013.
• Inversión en zonas fronterizas: Como parte del Plan Nacional de Complejos Fronterizos, se busca dotar con mejoras tanto para los funcionarios como de tecnología para una amplia vigilancia. Se implementarán tres nuevos Puestos de Observación, así como un puesto de mando a una Unidad de Respuesta Rápida.
• Empadronamiento Biométrico: Para establecer la identidad de aquellas personas que entraron a Chile eludiendo controles fronterizos hasta el 30 de mayo.

“Esta política es muy fiel a lo que estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista y de las propuestas de organizaciones buenistas asociadas a organismos religiosos u organismos internacionales. En ese sentido, el generar una regularización a quien ingresó ilegalmente a Chile y se consiga un contrato de trabajo, el establecer como grupo prioritario a los migrantes para acceder a educación, salud y vivienda, o generar bolsas de empleos para ellos apunta a la lógica central del Gobierno, que cualquier extranjero que quiera venir a Chile, independiente de cómo entró, pueda estar en nuestro país”, expresa el exjefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.

Los principales cambios que introducirá esta política y su impacto

Bellolio menciona que lo más relevante tiene que ver con la posibilidad que tendrán los migrantes de acceder a una visa si es que ingresaron al país a través de un paso no habilitado, que, de acuerdo con el especialista, entre 2022 y 2023 ya suman más de 70 mil ingresos clandestinos.

A su vez, el exjefe del Departamento de Extranjería y Migración asegura que la PNME refuerza el acceso a servicios sociales para los migrantes donde, por ejemplo, en educación inicial, el hijo de un extranjero sin carnet de identidad tiene prioridad por sobre el hijo de una madre adolescente chilena o de una madre de pueblos originarios.

Adicionalmente, el experto destaca que la política tiene una mirada transversal en el enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque intercultural y enfoque en derechos de la niñez y adolescencia, buscando garantizar el recibimiento a todo migrante con la mayor prioridad posible y evitar sanciones contra ellos.

Soledad Torres asevera que los principales cambios se reflejarán una vez que exista información al detalle de cómo se implementarán las medidas inmediatas propuestas en la Política, así como los proyectos de ley.

“Es importante decir que si está política quiere generar cambios reales, el Gobierno y las autoridades deben ser activos en su implementación. Menciono esto porque, si bien es verdad que es la primera política nacional en la materia, Chile ya contaba con una normativa que sanciona, que limita, que permite, etc. Pero no hubo nadie que fiscalizara y su implementación permanente fue bastante poco sólida. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado con el Servicio Nacional de Migraciones en los últimos años”, comenta la abogada.

Lo que se puede esperar

Álvaro Bellolio prevé que, dado que se está prometiendo una visa a quienes ingresan clandestinamente y consiguen un contrato, probablemente aumenten los ingresos clandestinos, argumentando que no hay forma de comprobar la fecha en que se ingresó ilegalmente, afectando a los salarios, debido a que el empleador “tiene mucho poder de quien depende del contrato para regularizar su situación”.

A su vez, el experto sostiene que, manteniendo la prioridad en el acceso a servicios para migrantes, seguirán generándose problemas de relación con los connacionales por la falta de cupos en jardines infantiles, consultorios y viviendas, aumentando los campamentos, carpas en espacios públicos y mayor descontento.

El exjefe del Departamento de Extranjería y Migración enfatiza que una migración segura, ordenada, regular y responsable, debe considerar la capacidad de las regiones y comunas para recibir migrantes, la capacidad de tener un trabajo regular con salario acorde a las necesidades, y la necesidad de que los extranjeros que entren al país deban presentarse en fronteras con sus visas. “Los mecanismos planteados por la política migratoria apuntan en la dirección opuesta a estos principios”, añade.

“Hay algunas medidas que ya hemos visto, como el empadronamiento biométrico. En ese caso, para mí es una buena medida, pero hay un déficit importante en esta acción, pues está sujeto a la voluntariedad. Pero, ¿Qué hacemos con los que no vayan? Si bien esta medida está implementada, a estos detalles me refiero cuando digo que tenemos que esperar a conocer los procedimientos concretos”, agrega Soledad Torres.