• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Luego de que Contraloría informara de nuevas ilegalidades declaradas por el órgano superior de fiscalización en gobiernos regionales (en pleno escándalo por el caso Convenios), el ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que “hay casos derechamente que tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso”.

En la actualidad, la Real Academia Española (RAE) define la corrupción, en el caso de las organizaciones (especialmente públicas), como una “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

El investigador de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Benjamín García, explica que, tradicionalmente, la corrupción se ha entendido como el abuso de un cargo público para beneficio privado. Sin embargo, precisa que actualmente se usan definiciones más amplias que incluyen también lo que ocurre en el sector privado.

A modo de ejemplo, el experto indica que Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso de poder para beneficio propio. Y asegura que, de acuerdo con la legislación chilena, la probidad en la función pública obliga a desempeñar el cargo con preeminencia del interés general sobre el particular.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), realizado por Transparencia Internacional, América tiene un promedio de 43 puntos (donde 0 es muy corrupto y 100 es poco corrupto), el mismo hace cuatro años. Desde 2016, 27 de los 32 países de América no muestran avances en la lucha contra la corrupción.

En el caso de Chile, este tiene una situación bastante mejor que la región, con cifras más similares a la de países OCDE, con 67 puntos. Sin embargo, es el mismo puntaje desde el 2017, e inferior al registro histórico del año 2014, cuando alcanzó los 73 puntos.

Benjamín García comenta que este descenso y posterior estancamiento es una mala noticia para el país, argumentando que no avanzar acarrea el riesgo de empezar a retroceder en la lucha contra la corrupción. En ese contexto, el investigador asevera que las conductas de corrupción evolucionan con el tiempo y se hacen más difíciles de detectar, y enfatiza que la normativa y las formas de prevención deben tener la capacidad de actualizarse y adaptarse.

El director de Estudios de Chile Transparente (Transparencia Internacional), Michel Figueroa, destaca que, en el panorama chileno, hoy son los amplios espacios de discrecionalidad, concentración de la toma de decisión y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas en muchos sectores de la gestión estatal las que ponen en riesgo la ética pública.

De acuerdo con dicho indicador (IPC), los países americanos calificados como menos corruptos en 2022 fueron:

• Canadá (74 pts.), Uruguay (74 pts.) y Estados Unidos (69 pts.)
• En el polo contrario se situaron Venezuela (14 pts.), Haití (17 pts.) y Nicaragua (19 pts.)

Benjamín García asegura que los indicadores piloto desarrollados por la Red Anticorrupción Latinoamericana (liderada por Espacio Público), muestran que Chile está mejor que otros países de la región, pero tiene espacios de mejora en su legislación y en el funcionamiento de las instituciones locales (municipalidades).

“Los recursos no necesariamente son económicos, sino que puede ser también lo que nosotros conocemos a veces como tráfico de influencias, de que se nombre en un cargo a alguien que no cumpla con los requisitos técnicos, pero que sí sea alguien cercano a. Entonces, la corrupción tiene que ver un poco con eso, y ahí, efectivamente, el Gobierno ha definido este caso de Democracia Viva como un caso de corrupción, porque no solamente hay recursos públicos involucrados, sino que también tiene que ver con el beneficio específico de ciertas personas que están vinculadas a esta organización”, manifiesta la Doctora(c) en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y académica de la Universidad del Desarrollo, Lesley Briceño.

Para poder detectar la corrupción, Michel Figueroa sostiene que es necesario contar con estrategias que combinen el control leal, el control interno y el control externo en las instituciones. Sin embargo, el experto enfatiza en que hay que tener en cuenta que muchas de las irregularidades que se han observado en el caso Convenios son legales y pasan los controles que hoy existen dentro del Estado, aunque “lógicamente se encuentran fuera de toda norma ética”.

Medidas para hacer frente a este fenómeno

El director de Estudios de Chile Transparente explica que, en la práctica de cada país, son las propias leyes las que limitan el concepto de corrupción. En el caso de Chile, asegura que el Código Penal no se cierra a un concepto de corrupción en sí mismo, sino más bien a un conjunto de posibles delitos que pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Entre ellos comprende: Malversación de caudales públicos, uso de información privilegiada, fraude al fisco, entre otros.

El pasado 15 de mayo, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley que Sistematiza los Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente. Este modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos.
Entre otras mociones, se encuentran:

• El proyecto de ley (actualmente en primer trámite) que exige transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo. Ellos pueden provenir de municipalidades, gobiernos regionales o poderes del Estado.
• El proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito (Gobierno), que busca, a través de un conjunto de organismos, instituciones y sistemas interrelacionados, recopilar, analizar y utilizar información relacionada con actividades económicas y financieras. Esto a modo de prevenir y combatir delitos financieros y económicos, como el lavado de activos, la corrupción, el fraude y el financiamiento del terrorismo.

Michel Figueroa recalca que hoy el Estado debe modernizarse, simplificando sus procedimientos, digitalizando sus trámites y facilitando los medios de control. Ante esto, enfatiza que son justamente las deficiencias asociadas a dichas áreas las que posibilitan que ocurran hechos de corrupción. Y añade que se debe tener en cuenta que la intención de defraudar “siempre es más creativa que cualquier medio de control”.

“Es importante aprovechar escándalos como el actual caso Convenios para impulsar una agenda amplia de probidad, que incluya los distintos ámbitos en que hay deudas pendientes. Existen proyectos de ley y distintas propuestas que deben ser impulsadas, especialmente en materia de transferencias del Estado a instituciones privadas, probidad en el ámbito municipal, empleo público, transparencia estatal, regulación del lobby y compras públicas. Asimismo, es necesario continuar trabajando en la creación de una verdadera cultura de integridad que involucre a los órganos públicos, la sociedad civil y el sector privado”, agrega Benjamín García.