• Andrea Cova Moore
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Andrés Fuica fue uno de los detenidos en el estallido social por robar un supermercado que fue saqueado en Viña del Mar en octubre de 2019 y fue incluido en el listado de pensiones de gracia vitalicias que entrega el Gobierno a personas que fueron afectadas en el contexto de las manifestaciones del 18 de octubre. Este hecho causó gran controversia en el mundo político, incluso, algunos diputados de Renovación Nacional, ingresaron un proyecto de reforma constitucional para inhabilitar este beneficio a personas en situación similar.

De acuerdo a lo que consignó Ex- Ante, los integrantes de la comisión se reunieron en junio de 2022 y aprobaron el beneficio para Fuica, y en agosto del mismo año, recomendaron aumentar su pensión a $500.000 mil mensuales. Por otro lado, detallan que fue añadido a los beneficiarios por un parte policial que lo nombró entre 15 personas presuntamente heridas por perdigones de Carabineros en octubre de 2019. Sin embargo, según Ex- Ante, en los documentos no existe una justificación para entregarle el beneficio.

El caso de Fuica no es aislado, Ex– Ante también informó sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a Gabriel Allende Torres, quien fue condenado por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví en octubre de 2019. Adán Castro Cifuentes, fue condenado por dos delitos de maltrato a Carabineros, Eliseo Carrera Espinoza, también condenado por apedrear un carro de las policías en Iquique y Jonathan Parra Rebolledo, en tanto, fue condenado por quemar una caseta de Carabineros.

Javier Fortune, académico de la Universidad de Santiago en la facultad de Derecho y experto en asuntos laborales y de seguridad social, menciona que las pensiones de gracia son un sistema creado por ley, en el que se otorga un beneficio económico a aquellos que reúnan los requisitos establecidos en la legislación, además, señala que puede ser vitalicia o transitoria.

Hasta el 31 de diciembre de 2022, existían 18.670 pensiones de gracia en régimen, de acuerdo con la información entregada por la Subsecretaría del Interior y en el contexto del estallido social, existen 418.

Jorge Alessandri, integrante de la comisión encargada de reunir antecedentes relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas de hechos ocurridos en el estallido social de la Cámara de Diputados, explica cómo funciona este beneficio: “Se envía una carta al Presidente de la República solicitando la pensión y explicando los motivos”. Estos se basan en:

• Personas que hubiesen prestado servicios distinguidos, o realizado actos meritorios en beneficio del país.

• Personas afectadas por catástrofes o accidentes, donde existen circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de la pensión.

• Personas que se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer una actividad remunerada que posibilite su subsistencia y la de su grupo familiar.

• Personas afectadas por otras situaciones especiales y debidamente fundamentadas que ameritan la entrega de este beneficio.

Finalmente, “el presidente de la república es asesorado por la Comisión Especial creada para estos fines (D.S. N.º 1928 de 1981). Dicha Comisión evalúa caso a caso las solicitudes, certificando que no existen otras instancias de resolución para el peticionario”, comenta.

Asimismo, señala que los criterios para otorgar las pensiones “son discreción del Presidente de la república”. No obstante, de acuerdo a lo que explica Fortune, “los actos del Gobierno siempre pueden ser fiscalizados por la Cámara de Diputados”. Por ello, Renovación Nacional presentó un proyecto que busca modificar las pensiones de gracia.

Problema de origen

Ximena Ossandón, diputada de Renovación Nacional y una de las firmantes del proyecto, comentó que las pensiones de gracia tienen un problema en su origen: “En la ley de presupuesto del 2022 se puso una glosa donde se autorizó al INDH a acreditar que las personas habían sido víctimas del estallido social (2019). Luego este informe se enviaba al ministerio del interior a una comisión asesora presidencial, y ellos, sin acreditar nada, le daban el visto bueno al informe”.

Continuó explicando que “el INDH tenía que constatar lesiones o menoscabos que habían sucedido con un año de anticipación respecto de los cuales no había ningún rastro. Dentro de las lesiones leves con pensiones de $400.000 mil pesos. Hay personas que dicen haber sido zamarreadas. Nunca existió una auditoría del Servicio Médico Legal o de alguien a la forma de cómo se hacía la calificación. El INDH no tiene ni ha tenido nunca las competencias técnicas ni la objetividad en la tarea de esta naturaleza”.

Por su parte, la diputada Karen Medina, del PDG, asevera no estar de acuerdo con el otorgamiento de estas pensiones de gracia e incluso, menciona que “están mal pagadas”. “Son una burla para la ciudadanía, y para las reales víctimas del estallido: la gente, los emprendedores, nuestras policías, nuestros niños, las familias, y todos aquellos que perdimos tanto en el estallido social”.