• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

El sábado en la Región de O’Higgins, en la ruta 66 G, mejor conocida como la ruta de la fruta, se registró un doble homicidio. Dos personas fueron encontradas muertas al interior de un camión y de acuerdo a los antecedentes de las policías, las víctimas recibieron disparos de cuatro sujetos de nacionalidad venezolana, que estaban en un vehículo con una patente adulterada. Tras este hecho que conmociona al país, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, solicitó entre otras medidas “establecer Estado de Excepción”.

“Nos vimos enlutados nuevamente como sector por el asalto al camión en Malloa, dos transportistas nuestros asesinados (…) pero esto no puede quedar solamente en el discurso, ni en las condenas”, señaló Pérez a ADN. Adicionalmente, agregó que “estamos viviendo la peor crisis de seguridad”.

A esta petición también se sumó la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), quienes en un comunicado advirtieron sobre “la desprotección en que se encuentran miles de transportistas que a toda hora usan las carreteras y camino y están expuestos a asaltos mortales a manos de criminales armados”.Asimismo, el vocero de la Asociación Gremial de Camioneros de la Región de O’Higgins (Asgro), Camilo Jiménez, comentó que “hacemos un llamado a las autoridades: les damos 72 horas para que den una solución real al tema delictual en nuestro país. No puede ser que siga muriendo y acribillando gente inocente, gente trabajadora, en nuestras carreteras”.

Por otro lado, el lunes se dio a conocer la última encuesta Cadem de enero y se consultó las prioridades de los chilenos. El sondeo arrojó que el 70% de los encuestados considera que la principal prioridad para el Ejecutivo debiese ser la delincuencia y luego la migración con un 26%. Asimismo, revelaron que un 42% considera que Carabineros no cuenta con las herramientas para enfrentar la criminalidad y atribuyen el aumento de la delincuencia al incremento de bandas de narcotráfico, y un 73% teme bastante ser víctima de un hecho delictivo.

La mirada de los expertos

Mauro Basaure, profesor titular de Sociología de la Universidad Andrés Bello e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), explica que el Estado de Excepción es un instrumento que posee el Estado y como tal puede ser usado, “pero la pregunta es cuándo y por qué. Se usó en la pandemia y en el contexto del estallido social, se ha usado en distintas situaciones”.

“En el caso del tema de la delincuencia, asumir funciones policiales es un instrumento complejo y difícil, hay varios argumentos en contra y otros a favor, aquí no hay incorrectos ni correctos (…) hay un problema con el uso de los militares, ya que ellos no tienen la formación adecuada para tratar con situaciones civiles, tienen un enfoque más bien orientado a la guerra, al uso directo de la fuerza y no tienen formación en la resolución de conflicto y la protección de derechos civiles, posiblemente no conozcan bien las leyes civiles porque no están formados para eso. Entonces, se producen potenciales violaciones de derechos individuales y posibilidades de abusos (…) ellos están sujetos a normas diferentes que las policías y por lo mismo tienen un marco de acción distinto”.

Asimismo, Basaure señala que es una decisión difícil, porque es “política, porque el instrumento es posible de usar, pero esa decisión no es fácil, aquí no es un tema de traumas ni asociados a una posición de izquierda, sino a aspectos que son importantes de considerar”.

No obstante, el académico señala que existen argumentos a favor para implementar una medida de este tipo, en los cuales destacan la formación rigurosa de los militares, “tienen preparación en tácticas de seguridad, capacidad de responder rápidamente y de manera muy organizada a amenazas como en este caso, el crimen organizado. Tienen recursos y equipos avanzados que podrían ser muy beneficiosos en estos casos, tienen experiencia en el manejo de situaciones de alta peligrosidad (…) en ese sentido es un elemento a favor que puedan colaborar y ser una fuerza adicional”.

Por otro lado, el experto comenta que “el uso de los militares es un recurso extremo que tiene que usarse de manera muy inteligente, porque si llegase a usarse ese instrumento y se usa de manera tal que no reduce los hechos de delincuencia y siguen habiendo muertes como las que han ocurrido en los últimos meses, entonces se genera un problema serio que es que el Estado se presenta como impotente ante la ciudadanía, en el sentido de que usa un arma muy importante, simbólicamente fuerte y, sin embargo, no reduce el fenómeno y eso genera un efecto negativo”.

En tanto, Germán Díaz, académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, señala que la viabilidad de implementar Estado de Excepción es absoluta, porque “es una decisión política que tiene un costo, pero está facultado a nivel constitucional, bastaría que el presidente lo proponga y que sea ratificado después por el poder Legislativo”.

“A mi juicio sería incorrecto esta decisión por una variación, por ejemplo, en las cifras de homicidios en el corto plazo, porque las cifras de homicidios pueden aumentar o disminuir y eso no significa que se estén solucionando los problemas de criminalidad. La criminalidad es un fenómeno dinámico que puede subir o bajar en el corto plazo, eso no necesariamente te indica una tendencia de la situación de inseguridad en el país”.

La efectividad

Además, el académico señala sobre la efectividad de la medida y menciona que “hay una evidencia que es muy sustantiva respecto a cómo la militarización de la respuesta ante fenómeno de inseguridad no tiene el resultado esperado y a lo largo termina incidiendo en un aumento de la violencia”.

Díaz explica que este tipo de ideas “deben tomarse con un carácter de excepcionalidad”, ya que, al ser una medida transitoria, tal “como se observa en La Araucanía se prolongan excesivamente en el tiempo y no se avanza en medidas que pudieran sostenerse de mejor forma en el mediano y largo plazo y que no demanden una excepcionalidad como lo cita esta norma”.

Finalmente, la diputada por el 21.º Distrito, Región del Bío Bío, Karen Medina (PDG) comenta que “el Estado de Excepción es imposible a nivel nacional, debemos dividir los esfuerzos y sectorizar las medidas. La falta de personal, ha mermado nuestra fuerza de control nacional, es por ellos que debemos recuperar nuestros territorios con estrategia y firmeza”.