• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

Desde las primeras semanas de enero, Ecuador atraviesa un complejo escenario donde el crimen organizado protagonizó violentos episodios que llevaron al Presidente del país, Daniel Noboa, a decretar Estado de Excepción. Tras este desafiante hecho y como una respuesta al avance del crimen organizado, los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) aprobaron el Plan de Acción Resolutivo (PAR) con la finalidad de combatir a las bandas criminales transnacionales.

Este plan se anunció el 21 de enero de este año y en conjunto con el Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores, que reunió a distintas autoridades de seguridad interna de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acordaron un plan de 13 medidas que tienen como finalidad combatir la delincuencia organizada transnacional que afecta a los distintos países. Las medidas se distribuyen de la siguiente manera:

1. Acciones en las fronteras: Esta tiene como finalidad reforzar puestos de vigilancia fronteriza de forma coordinada con los países vecinos. Además, de desarrollar trabajos que ayuden a identificar, controlar y neutralizar los pasos no habilitados que son utilizados para actividades como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico de armas.
2. Cooperación migratoria: Instruir al Comité Andino de Autoridades Migratorias (CAAM) para establecer mecanismos ágiles de intercambio de información, por ejemplo, creando el Banco Andino de Datos (BAD) que contenga datos biográficos, biométricos y antecedentes, esto con la finalidad de impedir el tránsito a personas que puedan alterar el orden del país.
3. Cooperación aduanera: Reforzar los controles aduaneros e instruir al Comité Andino de Asuntos Aduaneros para fortalecer la cooperación mutua que beneficie la seguridad interna de los países vecinos.
4. Cooperación en minería ilegal: Identificar las actividades de minería ilegal y planificar en conjunto para combatir este tipo de ilícitos, realizando énfasis en zonas fronterizas para evitar el contacto con bandas delictivas.
5. Cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas: Impulsar la cooperación y coordinación para el intercambio de información de inteligencia que permita fortalecer los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, apuntando al mismo tiempo a la prevención, reducción, neutralización y desarticulación de grupos criminales.
6. Operaciones coordinadas: Ejecutar ejercicios operativos relacionados con el tráfico de drogas en las zonas fronterizas.
7. Cooperación en inteligencia: Impulsar la cooperación y la inteligencia para analizar el modus operandi de la delincuencia, organización transnacional e integrar distintos mecanismos para la coordinación y planificar la inteligencia estratégica.
8. Cooperación reforzada contra el tráfico de armas: Fortalecer la implementación de los instrumentos internacionales diseñados para luchar contra el tráfico ilícito de armas.
9. Cooperación en materia penitenciaria: Instruir a los países miembros para que inicien acciones de cooperación en materia penitenciaria para la seguridad de las naciones.
10. Capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional: Los países miembros deberán participar en programas conjuntos de capacitación a nivel de sus autoridades policiales y de seguridad nacional.
11. Red andina de seguridad 24/7: Establecer la Red Andina de Seguridad 24/7 que garantizará una atención las 24 horas del día y los 7 días de la semana para proporcionar y recibir información y/o solicitar información de otros países que pertenezcan a la red.
12. Foro internacional sobre delincuencia organizada transnacional.
13. Observatorio regional andino de seguridad.

El efecto sobre Chile

El año pasado estuvo marcado por una ola de violencia que llevó a las autoridades a implementar una serie de medidas para combatir el crimen organizado, sin embargo, estos desafíos han marcado un precedente en la historia del país; fines de semana con seguidillas de homicidios, robos violentos, aumento de secuestros extorsivos y una permanente sensación de inseguridad.

Matías Garretón, académico del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), señala que esta medida “es una excelente noticia que empieza a formarse una alianza, porque el crimen es un fenómeno internacional y deberíamos enfrentarlo con una perspectiva continental de toda América Latina”.

“Yo creo que la medida va a ser positiva para Chile. (Sin embargo), la inmigración que recibimos no viene necesariamente de Perú y Bolivia ni de Argentina, que son las fronteras que tenemos, gran parte de estos son procesos migratorios desde Venezuela o de Colombia”.

Por ello, explica que este tipo de controles en “fronteras muy permeables (es positivo, porque), es muy difícil de controlar ese tipo de paso fronterizo y esto va a tener un impacto, ya que va a reducir el paso fronterizo también a Chile aunque no estemos controlando las fronteras”, explica el experto.

Asimismo, detalla que Chile debiese incorporarse a este tipo de iniciativas, “hay que preguntarse por qué Chile no está en esa red de seguridad, sería tremendamente positivo que nos integremos a ese tipo de redes”.

Por su parte, Germán Díaz, académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, señala que una de las características del crimen organizado es que es transnacional y “está articulada en distintos países y tanto los grupos criminales como también las medidas para combatirlo van a tener repercusiones en nuestro país. Esta noticia puede ser positiva en la medida en que permitan una integración de bases de datos transnacionales y una mirada que le permita identificar asociaciones de ilícitos que se pueden mirar desde lo local, pero requiere que esta nueva red tome contacto con los países que no son parte de la red misma, pero comparten la amenaza delictual”.

Por otro lado, el académico señala que el reforzamiento de las fronteras de otros países “puede tener obviamente un efecto negativo en el contexto chileno, porque si las fronteras se ponen más celosas en los países vecinos, eso puede llevar justamente a una expulsión de cierto flujo migratorio que puede tender a venir a Chile. Esto tiene dos problemas, por una parte, pueden desplazarse grupos criminales como también gente que se va por la violencia de esos países que no quieren cometer delitos y son coactados por grupos criminales en el camino”.

En tanto, Ricardo Hernández, director del programa de Opinión Pública del Instituto Res Pública y abogado, explica que “los países de la región combatan con decisión y valentía el crimen organizado es, sin duda, una buena noticia, pero también plantea un desafío importante para nuestro país. Sumarse a tomar medidas drásticas es el primer paso para retomar el terreno perdido tanto en la seguridad de las fronteras como en los barrios de nuestras ciudades”.