• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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En diciembre del año pasado, Mario Desbordes (RN) se convirtió en el nuevo alcalde de la Municipalidad de Santiago, y ante el triunfo contra Irací Hassler (PC), identificó dos grandes desafíos: el crimen organizado y el comercio ilegal. Sus propuestas buscan abordar estos puntos, y recientemente, mencionó en una entrevista con La Tercera, su compromiso para erradicar el comercio ilegal. “En Meiggs lo que hay es una anarquía, no existe el Estado”, aseguró el jefe comunal.

Dentro de sus propuestas destaca el punto “tolerancia cero al comercio ilegal”, y ahora, se fijó un plazo definitivo para erradicar esta actividad en la comuna. Para septiembre de 2027 la situación con el comercio ambulante debería ser otra, ya que el jefe comunal busca concretar un plan que lo erradique.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), aplicada entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre de 2024, el 55% de los encuestados considera que existe una alta presencia de comercio ilegal a nivel país. Además, muestra una relación en torno a este tipo de actividades con la delincuencia, un 68% de los encuestados asocia ambos conceptos.

Uno de los casos más importantes del comercio ilegal en la comuna de Santiago son los conocidos “toldos azules” en Meiggs. Incluso, Desbordes aseguró que hay cinco recorridos de buses Red que no pueden operar en la zona por el comercio ilegal, siendo uno de los tantos problemas que causa este tipo de actividades.

Efectos significativos

Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, explica que el impacto económico y social del comercio informal es “enorme” en la comuna de Santiago Centro. Las consecuencias económicas tienen relación con la competencia desleal con quienes pagan patentes y arriendos. “El comercio establecido baja sus ventas, también baja el valor de los arriendos y por esa vía los ingresos municipales por contribuciones. A nivel nacional también hay efecto en otros impuestos como son el IVA, la renta y el impuesto único”, advierte.

Ahora, para el académico, desde el punto de vista social, el comercio ilegal está normalmente vinculado a otras actividades ilícitas, como es el contrabando y los hurtos, “lo que deteriora la calidad de vida de los vecinos de esos barrios, esto a su vez genera inseguridad y pérdida de bienestar”.

A modo de ejemplo, según datos de Mide UC, la evasión fiscal por el comercio ilegal de cigarros aumentó de US$ 800 millones en 2022 a US$ 1.150 millones en 2023.

Jorge Alessandri, diputado por el 10º Distrito de la Región Metropolitana, en representación del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), explica que este problema está presente en muchas comunas, lo que conlleva “un uso del espacio público que no corresponde, sin permisos, sin patentes, siendo una competencia desleal, porque no pagan IVA u otros impuestos”.

Asimismo, señala que este tipo de actividades son un “incentivo a la migración irregular de buscar una fuente de ingreso también irregular. Esto atrae el encubrimiento de actividades ilícitas, por lo tanto, el comercio ambulante solo trae externalidades negativas desde el punto de vista tributario, para el municipio y para los propios involucrados”.

El caso de Santiago Centro y la meta de Desbordes

El diputado comenta que el plazo fijado es una meta “realista, porque en el caso de Santiago Centro hay sectores completos tomados por el comercio ambulante. Aquí hay una organización detrás, hay camiones que surten al sector ambulante y no se conoce el origen de esos productos”.

Sin embargo, aclara que debido a la complejidad del problema es una “carrera larga, Desbordes puede erradicar a un grupo y al día siguiente van a estar instalados otra vez. La pelea es hasta que el primero se cansa, esto es un trabajo conjunto desde el tribunal, la policía local hasta Aduanas”.

Bajo la misma perspectiva, Román detalla que la forma de combatirla es por medio de un trabajo entre organismos públicos y privados. Además, es fundamental la participación de los compradores para encontrar una solución. “Esto se debe hacer por medio de mayor educación, fiscalización y sanciones. Por otro lado, se requiere un trabajo con las policías, pues hemos visto escenas de violencia al momento de fiscalizar. Es un gran desafío para el alcalde, pero es absolutamente necesario hacerlo, aunque el éxito esperable sea solo parcial”.