• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El lunes de esta semana se volvió a registrar un ataque contra un funcionario municipal: un conductor particular intentó atropellar a dos inspectores en la comuna de Coquimbo. Aunque el autor del incidente fue detenido luego de una larga persecución, el hecho refleja un fenómeno en alza: una ola de agresiones contra el personal municipal.

En Viña del Mar también se reportó un incidente similar, protagonizado por vendedores ambulantes. Siete inspectores resultaron lesionados tras un brutal ataque durante una fiscalización por comercio ilegal. Desde el municipio anunciaron una querella criminal contra los responsables debido a la gravedad de la agresión, y la alcaldesa Macarena Ripamonti hizo un llamado al Gobierno para que tome medidas concretas.

“Exigimos que el Ministerio del Interior y Carabineros actúen con firmeza. La pregunta es clara: ¿vamos a dejar que nos ataquen o los metemos presos y enviamos un mensaje claro y firme? La respuesta tiene que ser ahora”, puntualizó.

En casos más recientes, en Vitacura, cuatro funcionarios municipales fueron atropellados por un vehículo que escapó de una fiscalización, dejando a tres de ellos heridos de gravedad. A lo largo del país se han registrado distintos ataques que reflejan un clima de violencia creciente, lo que preocupa a las autoridades. Incluso, hay quienes solicitan mayores atribuciones para los municipios. Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, es uno de ellos.

En un punto de prensa, el edil mencionó que “queremos pedirle al Congreso y al Gobierno que aceleren el paso”, agregando que es vital que la Ley de Seguridad Municipal se apruebe urgentemente, incluyendo al menos cuatro medidas clave: el uso de armas no letales para funcionarios municipales y que se considere como “agravante grave” la agresión y las ofensas a estos trabajadores.

Los factores que inciden

El alcalde de Puerto Montt¬ (zona donde se han registrado ataques a policías municipales) Rodrigo Wainraihgt, comentó que el aumento de delitos ha generado un escenario en el que “es un hecho público y notorio que Carabineros está completamente sobrepasado” y lamentó que las dotaciones policiales sean insuficientes no solo en algunas comunas, sino en todo Chile, lo que ha llevado a los funcionarios municipales a asumir un papel protagónico en materia de seguridad.

“Muchas veces, los funcionarios de seguridad municipal llegan antes que Carabineros y deben enfrentarse en primera línea a delincuentes sin contar con las atribuciones, facultades ni instrumentos necesarios para proteger su integridad física y su vida. Por eso hacemos un llamado al Gobierno para que les otorgue más facultades y atribuciones, como el uso de armas no letales, como las pistolas taser, u otros instrumentos que resguarden su seguridad”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos Galleguillos, comentó que “la falta de dotación de Carabineros y su distribución desigual hacen que los municipios enfrenten una mayor exigencia ciudadana en temas de seguridad. En vez de fortalecer a las policías, se pone el foco en los municipios, lo que nos parece muy delicado y podría salirse de control”.

A juicio del alcalde, si no se abordan de manera rápida y efectiva los delitos, se generarán graves consecuencias a nivel nacional. “El aumento de la violencia e inseguridad, la corrupción institucional, el impacto en la economía, la crisis en el sistema carcelario y judicial, y la pérdida de confianza en las autoridades e instituciones son solo algunas de ellas”, advirtió.

Posibles medidas

Camila Astraín, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, explicó que dotar de mayor entrenamiento, atribuciones y facultades a los funcionarios de seguridad municipal permitiría mejorar el escenario actual. De hecho, según la última encuesta Chile Nos Habla sobre seguridad, desarrollada por la misma casa de estudios, más del 80% de los encuestados está de acuerdo con permitir el uso de equipamiento no letal para reforzar la labor de los funcionarios municipales (bastón retráctil, pistola taser, entre otros).

En tanto, el alcalde de Lo Prado mencionó que los municipios tienen la intención de colaborar en temas de seguridad, pero que aún no cuentan con un marco regulatorio para el funcionamiento de sus direcciones de seguridad. “Por eso, los jefes comunales hemos exigido la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal en reiteradas oportunidades, pero su tramitación sigue dilatándose por factores poco serios y debates estériles. Esto retrasa la aprobación de una ley urgente para el país”, enfatizó.