• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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No solo en Chile. Diversos países del mundo atraviesan una crisis de natalidad: cada año nacen menos personas y, en algunos casos, el número de fallecimientos supera al de nacimientos, lo que inquieta a las autoridades. En Chile, varias regiones registraron más muertes que nacimientos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las regiones de Valparaíso, Ñuble, Los Ríos y Magallanes evidenciaron esta tendencia. Por ejemplo, en la Quinta Región hubo 12.772 nacimientos, mientras que se registraron 14.618 decesos.

Esta situación ha llevado a gobiernos de distintos países a implementar medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias de la baja natalidad. En Estados Unidos, durante la administración actual de Donald Trump, se evaluó la entrega de un “bono para bebés” de 5.000 dólares para incentivar la maternidad. Francia, Corea del Sur, Finlandia y Singapur ya cuentan con políticas similares, como subsidios por nacimiento y ampliación de licencias parentales. ¿Debería Chile adoptar iniciativas similares?

La situación en Chile

Según el INE, el año pasado se registraron solo 135.539 nacimientos, una cifra considerablemente más baja que en 2023, cuando fueron 174.879. La tendencia también se refleja en la tasa de fecundidad, que ha disminuido drásticamente: en 1960, una mujer chilena tenía en promedio 4,7 hijos; en 2022, esa cifra bajó a 1,5, según el Banco Mundial.

Ahora, en países que ya han implementado medidas para paliar la crisis, las cifras son similares a las chilenas. Por ejemplo, de acuerdo con los datos disponibles de 2024, en Francia, la tasa de natalidad es de 1,64 hijos por mujer.

El panorama es aún más alarmante: economistas de la Universidad de Pensilvania estiman que, en Chile, este año se registrarán más muertes que nacimientos, un fenómeno ya presente en cuatro regiones del país.

“Una tendencia difícil de revertir”

Angie Demierre, académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, advierte que, si la tendencia continúa, para 2050 más del 30% de la población chilena tendrá más de 60 años, una proyección que ya se ha visto en estudios previos.

“Esta proyección implica un cambio drástico en la pirámide poblacional, con profundas consecuencias para los sistemas de pensiones, salud, educación y productividad. El envejecimiento poblacional no solo aumenta la demanda de cuidados, sino que también reduce la proporción de personas en edad laboral, afectando la capacidad del país para sostener su sistema de bienestar”, explica.

Además, subraya que la preocupación no es solo demográfica, sino estructural: “Si Chile no ofrece condiciones favorables para la vida familiar y la crianza, la baja fecundidad será una tendencia muy difícil de revertir”.

Por su parte, el Dr. Roberto Altamirano, especialista en Ginecología y Obstetricia de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, señala que las proyecciones son claras: Chile está experimentando un envejecimiento acelerado y, si no se toman medidas, el país enfrentará:

• Una reducción de la fuerza laboral activa, afectando la productividad y la recaudación fiscal.
• Una creciente presión sobre los sistemas de pensiones y salud, con más personas jubiladas que trabajadores activos.

En la misma línea, el Dr. Jorge Browne, geriatra de UC CHRISTUS, comenta que no solo llama la atención la transición demográfica avanzada, sino la rapidez en que están ocurriendo estos cambios: “Existe una medida que mide cuantos años se demoran las personas mayores en representar del 10% al 20% de la población, eso es un cambio que en Francia, por ejemplo, ocurrió en 70 años y se espera que en Chile ocurra en 20 años. Esto es extremadamente rápido”.

¿Y las medidas?

Demierre señala que las cifras actuales reflejan un profundo cambio demográfico, al que se debe responder con políticas integrales.

Por ejemplo, “José Antonio Kast propuso un bono de hasta un millón de pesos tanto para la madre como para el ahorro del hijo. Pero estos pagos únicos, aunque pueden representar un alivio inicial, no garantizan un aumento sostenido en la fecundidad. La decisión de tener hijos está profundamente influida por factores sociales, económicos, culturales y emocionales. Tener un hijo es un compromiso de largo plazo: implica alimentación, educación, salud, tiempo, contención emocional. Si el entorno no es favorable, un bono no cambia la realidad”, advierte.

Actualmente, en Chile existen políticas relevantes como el permiso postnatal parental, la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, la ley de teletrabajo y la ley de conciliación de la vida laboral y familiar. No obstante, según la experta, estas medidas aún resultan insuficientes para crear un entorno que verdaderamente favorezca la decisión de tener hijos.

Por ello, plantea que Chile debe avanzar hacia un enfoque más integral, que incluya:

1. Diseñar una política nacional de apoyo a la maternidad y paternidad, centrada en la infancia y la familia como núcleo del desarrollo social.
2. Ampliar y equiparar los permisos parentales, promoviendo activamente la participación de los padres desde el nacimiento.
3. Fortalecer la red de cuidados públicos, con salas cuna y jardines infantiles gratuitos, accesibles y de calidad para todos.
4. Incluir la salud física y mental como eje central, asegurando atención perinatal y acompañamiento emocional a madres, padres y cuidadores.
5. Promover una cultura pro-familia sin imposiciones, donde la maternidad y la paternidad sean decisiones libres, pero apoyadas por el entorno.
6. Establecer subsidios sostenidos durante toda la crianza, que acompañen el crecimiento del niño y no se limiten a una transferencia al momento del nacimiento.

Demierre recalca que cualquier política debe no solo proteger el momento del nacimiento, sino todo el proceso de crianza, garantizando dignidad y equidad, y comprendiendo que la corresponsabilidad parental es clave para un verdadero cambio.

Altamirano agrega que, si se implementan las medidas adecuadas, los resultados podrían ser:

• Un aumento gradual de la fecundidad, acercándose a niveles de décadas anteriores.
• Una reducción del envejecimiento poblacional, equilibrando la estructura etaria.
• Avances en equidad de género, al fomentar la corresponsabilidad y reducir la penalización laboral por maternidad.
• Un impulso económico a largo plazo, con una población más joven y activa que fortalezca los sistemas de pensiones y salud.

Impacto económico

Mauricio Apablaza, investigador del programa CIPEM (Conocimiento e Investigación en Personas Mayores) —iniciativa conjunta de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes— advierte que estas políticas implican altos costos iniciales y resultados no inmediatos, lo que puede tensionar las finanzas públicas, especialmente en países con recursos limitados.

Además, si las medidas no abordan problemas estructurales como la precariedad laboral o el acceso a la vivienda, su efectividad será limitada. Por eso, “es fundamental realizar evaluaciones permanentes y aplicar mejoras que permitan hacer los ajustes necesarios para garantizar la eficacia y eficiencia de los programas”, concluye.