• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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A inicios de abril de este año, entre el 6 y el 11 de ese mes, la consultora In Situ encuestó a 807 personas, quienes entregaron sus percepciones sobre la seguridad. Entre los resultados más relevantes, un 64% indicó no conocer ninguna medida o programa vinculado a la delincuencia impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, mientras que un 18% dice conocer “barrio/calle seguro” y solo un 6% conoce al Ministerio de Seguridad, que comenzó sus funciones el 1 de abril de este año.

Otro de los resultados relevantes es el sentimiento de desprotección: la encuesta reveló que un 52% de los consultados dice sentirse poco o nada protegido ante la situación de seguridad en el país, al mismo tiempo que identifican las posibles causas de la crisis que enfrenta Chile. Por ejemplo: narcotráfico (75%), inmigración irregular (73%), falta de condenas o penas bajas (70%), y presencia de bandas de delincuencia organizada (67%), entre otras.

Respecto a los problemas de los que menos se ha hecho cargo el gobierno, los encuestados destacan la falta de condenas o penas bajas, con un 70% que respondió “poco o nada”; la inmigración irregular alcanza un 67% en la misma categoría, seguida por el consumo de drogas y alcohol, el crimen organizado, entre otros.

La consultora también abordó la efectividad de las acciones y programas desarrollados por el gobierno actual en esta materia. Tal como consignó El Mercurio, “las personas no atribuyen evaluaciones netas positivas a ninguna de las iniciativas realizadas, siendo las que mejor evaluación tienen el plan de demolición de mausoleos narcos (36%, lo considera efectivo) y la renovación histórica de vehículos y equipamiento para Carabineros (31%)“.

Factores que inciden

Camila Astraín, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, señala que los datos anteriores coinciden con los reflejados en la encuesta Chile Nos Habla de la misma casa de estudios, donde un 48,1% de los encuestados indicó no conocer la estrategia de seguridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y un 57,5% señaló no conocer el Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

“No es de extrañar que estas iniciativas sean escasamente conocidas por la población, puesto que no enfocan grandes esfuerzos en la difusión, ya que se centran en el trabajo a nivel institucional para prevenir, controlar o perseguir el delito”, comenta.

Sin embargo, precisa que los programas de atención directa a víctimas de la delincuencia, de prevención de conductas de riesgo o que fomentan la denuncia entre la población suelen ser más conocidos.

Respecto a la sensación de inseguridad, Astraín comenta que esta responde a diversos factores: el aumento de delitos violentos, la presencia del crimen organizado, la creciente desconfianza institucional y el alto nivel de inseguridad presente en el país, entre otros.

Patricio Tudela, académico del Centro de Seguridad Urbana y director de Análisis Criminal de la Universidad Alberto Hurtado, señala que la percepción de inseguridad en el país responde a una serie de factores estructurales y coyunturales que han llevado a una acumulación de opiniones negativas. Por ejemplo, el aumento de delitos violentos como homicidios, robos con violencia, extorsión y secuestro.

“Esto ha impactado profundamente en la sensación de vulnerabilidad de las personas y en la percepción de riesgo. Además, la visibilidad que tienen los crímenes de alta connotación pública refuerza el temor social, y la falta de comunicación efectiva por parte del gobierno respecto a las políticas implementadas y a las soluciones dificulta que la ciudadanía perciba los avances o esfuerzos concretos en la materia”, precisa.

Agrega que también influye la percepción de impunidad y la lentitud en la implementación de reformas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia, lo que agrava la falta de confianza por parte de la ciudadanía en que se esté haciendo lo correcto, así como el desconocimiento general de las medidas adoptadas en materia de seguridad.

¿Ha recrudecido la crisis de seguridad?

Ante la pregunta, Astraín comenta que “no contamos con información suficiente que dé cuenta de un recrudecimiento de las condiciones de seguridad en el país diferente de la registrada postpandemia”.

Sin embargo, señala que hasta el año pasado aún se observa un aumento de los delitos violentos y de aquellos asociados al crimen organizado (como secuestros o extorsiones), por lo que no se podría descartar un empeoramiento, pese a la leve baja registrada en términos de homicidios consumados. Entre las medidas implementadas, la experta destaca la creación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), los que, a su juicio, han mostrado resultados prometedores en materia de persecución de homicidios y secuestros.