• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Una investigación elaborada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB) reveló preocupantes cifras sobre los delitos digitales en Chile. Entre los datos más relevantes, destaca que seis de cada diez personas que residen en el país han sido víctimas de estafas financieras a través de plataformas digitales.

El estudio, liderado por Eric Salinas Mayne, académico de la carrera de Ingeniería Comercial de la misma facultad, se desarrolló entre 2023 y 2025. En él se identificó un crecimiento sostenido de estas prácticas, atribuido al uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Un dato llamativo es el perfil etario de las víctimas: las personas entre 24 y 35 años concentran el mayor número de casos.

Según se detalla en el informe, este grupo se ha convertido en un blanco recurrente para los delincuentes debido a su alto nivel de actividad en línea. En cuanto a las plataformas más utilizadas para cometer estos fraudes, WhatsApp, Instagram y Facebook encabezan la lista.

Respecto a los montos defraudados, el tramo más habitual se sitúa entre los $100.001 y $200.000 pesos por caso. No obstante, el estudio advierte que, a nivel país, el fraude digital estaría generando pérdidas anuales que se aproximan a los 100 millones de dólares.

Uno de los focos de alerta del informe es el creciente uso de inteligencia artificial para cometer estos delitos. Los estafadores utilizan herramientas que simulan conversaciones humanas, crean perfiles falsos e incluso elaboran audios y videos tipo deepfake para engañar a las víctimas.

Mayne advierte que, paradójicamente, la buena conectividad a internet en Chile ha facilitado la acción de redes delictuales que operan en el entorno digital. En ese contexto, subraya la urgencia de implementar programas de educación financiera a nivel nacional. A su juicio, es fundamental enseñar que no existen rentabilidades elevadas sin asumir riesgos, y que nadie puede garantizar retornos mensuales del 3%, 4% o 5% de forma segura y legal.

Factores del aumento

Ricardo Fuentes, director de Ingeniería Comercial en la UNAB, señala que el incremento de estafas digitales responde a una combinación de exceso de confianza y falta de conocimiento. Explica que, si bien la hiperconectividad tiene ventajas, también abre la puerta a nuevos riesgos, sobre todo entre los jóvenes de entre 24 y 35 años. Este grupo, dice, interactúa constantemente en redes sociales y muchas veces carece de herramientas para detectar posibles fraudes. Basta con que algo “suene creíble” para que lo compartan, hagan clic o entreguen datos personales. La falta de educación digital y financiera, afirma, también influye de manera significativa.

Fuentes advierte que este tipo de delitos suele pasar desapercibido, ya que se ejecuta sin contacto físico. Los estafadores se aprovechan del uso cotidiano de aplicaciones como Instagram o WhatsApp, lo que hace que estas prácticas sean aún más peligrosas.

El experto plantea que el alza se explica por varios factores: por un lado, los delincuentes han perfeccionado sus métodos; por otro, aún hay muchas personas que no saben cómo identificar estas amenazas. Además, menciona que muchas víctimas no denuncian, lo que dificulta frenar la tendencia.

Formas de identificarlo

Pedro Huichalaf, académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, explica que con la digitalización del dinero y el aumento de los pagos electrónicos, los delincuentes han encontrado en el entorno virtual un espacio fértil para estafar.

En cuanto a cómo identificar estos engaños, señala que los usuarios deben adoptar una actitud crítica frente a toda la información que reciben. Por ejemplo, advierte que ningún banco enviará enlaces a través de mensajería instantánea. También se utilizan tácticas como micro pagos, solicitudes de transferencias, supuestos paquetes que requieren un pago para ser liberados o falsas ofertas de empleo que exigen dinero para postular.

Medidas que deben implementar las autoridades

Fuentes considera necesario avanzar en una estrategia integral que combine educación, regulación y comunicación. En su opinión, es urgente incorporar formación en habilidades digitales y financieras desde la educación escolar. A esto suma la necesidad de establecer mayores controles en las plataformas digitales y exigir estándares más altos de verificación. También propone campañas públicas que informen a la ciudadanía con ejemplos concretos de cómo operan estas estafas, para visibilizar el problema y fomentar la prevención.

Desde la perspectiva de Huichalaf, la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, junto con la modificación de la ley de delitos informáticos y la ampliación del catálogo de figuras penales, representa un avance. Sin embargo, insiste en que es clave que la población comprenda que la delincuencia digital es una realidad global. Según él, solo a través del conocimiento se podrá prevenir que más personas caigan en este tipo de engaños.