• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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“Pasadas las 16:00 horas, un grave accidente se registró en la intersección de las calles Santo Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato”, señaló preliminarmente la policía uniformada a través de un comunicado. Minutos más tarde confirmaron que el hecho, que involucró a un furgón escolar y a un vehículo particular que huía tras cometer un robo, terminó con la muerte de un niño de 11 años, alumno de sexto básico, que regresaba a su casa la tarde del lunes. Los otros cinco niños que iban en el furgón resultaron lesionados.

Este accidente no solo causó conmoción por la muerte del menor, sino también porque los responsables acumulaban entre ambos una veintena de aprehensiones previas. Esto volvió a poner sobre la mesa la pregunta de por qué, pese a sus extensos prontuarios, continúan en libertad.

Una fuente del Ministerio Público explicó que existen “jueces que, por sus ideologías personales, conceden beneficios a personas que claramente no cumplen los requisitos”.

El mismo funcionario agregó que hay casos que reflejan la gravedad de la situación: tuvo a un doble homicida que recibió beneficios pese a tener un alto riesgo de reincidencia, lo que lo obligó a llevar el caso hasta la Corte de Apelaciones. Según él, se siguen otorgando libertades anticipadas incluso con informes negativos de Gendarmería.

Fenómeno de reincidencia
Expertos coinciden en que el problema no radica solo en la dureza de las penas, sino en la falta de control efectivo, reinserción y cumplimiento real de las condenas. Aun con prisión preventiva o sentencia condenatoria, la “puerta giratoria” del sistema sigue abierta.

Según un estudio publicado en diciembre de 2024 titulado “Reincidencia delictual en Chile: Analizando la confluencia de factores institucionales, individuales y territoriales”, elaborado por profesores del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, de una muestra compuesta por hombres y mujeres privados de libertad en cinco recintos penitenciarios, el 43,2% reincidía.
El informe reveló que la mayoría lo hacía en delitos contra la propiedad —robos, robos no violentos y hurtos—, y que un 36,1% (184 casos) tenía al menos dos delitos asociados a su reincidencia, en más de 70 combinaciones posibles.

En registros anteriores, en 2018 se contabilizaron 106 mil detenciones por delitos de mayor connotación social; de estas, 61.900 correspondían a reincidentes, es decir, un 58%. Un año después, 12.670 personas fueron detenidas por robo y el 84% de ellas reincidía, mientras que un 57% acumulaba más de diez detenciones previas.

En septiembre de 2024 se aprobó un proyecto destinado a mejorar la persecución penal en casos de reincidencia y delitos de mayor connotación social.

¿Qué está fallando?

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Leiva, explicó que existen varias razones normativas que ayudan a entender el problema. A su juicio, el sistema otorga amplias facultades al Ministerio Público, lo que permite cerrar o archivar causas y optar por salidas alternativas, lo que termina siendo la regla general.

Además, precisó que solo la mitad de los condenados cumple efectivamente su pena. Esto se debe a la Ley N° 18.216 sobre penas sustitutivas a la prisión, que permite que una persona condenada cumpla su sanción en libertad. Pero, más allá de eso, Leiva destacó que el principal problema radica en que quienes ingresan a un recinto penitenciario suelen acceder a beneficios que les permiten salir antes de tiempo, incluso tras cumplir solo la mitad de su condena.

El académico recordó casos emblemáticos, como los de Nabila Rifo y Ámbar, en los que se otorgaron beneficios pese a los informes desfavorables de Gendarmería. En todos esos casos, los condenados no estaban en condiciones de reintegrarse a la sociedad, señaló

¿Posibles soluciones?

El director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Católica, Jorge Gálvez, planteó que se requiere una reforma estructural de la política criminal en Chile. Según él, el Ministerio Público necesita más personal, herramientas logísticas e informáticas, y lo mismo debería aplicarse a Carabineros y la PDI. Además, advirtió que el sistema carcelario presenta graves falencias que deben ser abordadas con urgencia.

Por su parte, Leiva enfatizó que es necesario “retomar el efecto intimidatorio de la norma penal a partir del cumplimiento efectivo de la condena”, donde los beneficios sean la excepción. En sus palabras, si una persona sabe que por un hurto cumplirá tres meses reales de cárcel, el efecto disuasivo es mucho mayor que la mera amenaza de una pena más alta que luego no se cumple.

También destacó que los esfuerzos de rehabilitación deberían enfocarse en los jóvenes, quienes tienen más posibilidades de reinserción social y menor tendencia a reincidir.