• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El Presidente electo, José Antonio Kast, anunció que una de sus primeras apuestas legislativas será impulsar, dentro de los primeros 90 días de gobierno, un acuerdo en el Congreso para tipificar el ingreso clandestino como delito. La iniciativa, revelada en una entrevista con Teletrece, vuelve a instalar con fuerza el debate sobre migración, control fronterizo y seguridad pública, uno de los ejes centrales de su campaña presidencial.

Actualmente, el ingreso irregular a Chile está considerado solo como una falta administrativa, lo que permite aplicar medidas como la reconducción o expulsión del país, pero sin sanciones penales asociadas. Kast planteó que este marco resulta insuficiente y genera incentivos para el cruce por pasos no habilitados. “Lo que estamos diciendo es que vamos en los 90 días, ojalá, tener el acuerdo del Congreso para que de una falta esto se convierta en un delito, para que si alguien cruza la frontera no vaya a autodenunciarse y después circule por Chile libremente”, sostuvo.

Antecedentes

De acuerdo con las cifras de la Policía de Investigaciones (PDI) de las denuncias y autodenuncias por ingresos clandestinos hasta agosto del 2023, se distribuyen de la siguiente manera:

- 2018: 6.310 denuncias/ autodenuncias.
- 2019: 8.048 denuncias/autodenuncias.
- 2020: 16.848 denuncias/autodenuncias.
- 2021: 56.856 denuncias/autodenuncias.
- 2022: 53.875 denuncias/autodenuncias.
- Hasta agosto del 2023: 34.543 denuncias/autodenuncias.

Presidio menor o multas

El debate no es nuevo. El 17 de enero de 2024, la Cámara de Diputados aprobó, con 88 a votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, un proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. Sin embargo, en la actualidad el proyecto duerme en el Congreso. La iniciativa, impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional, busca modificar la Ley de Migración y Extranjería e incorporar un nuevo artículo sobre delitos migratorios. La propuesta contempla sanciones de presidio menor en su grado mínimo —entre 61 y 540 días— o multas de 5 a 10 UTM para quienes ingresen al país por pasos no habilitados o evadiendo los controles migratorios.

El proyecto establece excepciones: no se aplicará a personas que cumplan con los requisitos de refugio, provenientes de territorios donde su vida o integridad esté en riesgo, ni a niños, niñas y adolescentes, ni tampoco a los adultos responsables de su cuidado.

Desde el ámbito académico, Roberto Munita, analista político y académico de la Universidad de los Andes y la Universidad Andrés Bello, explica que la tipificación del ingreso clandestino como delito implicaría un cambio profundo en el tratamiento jurídico de la migración irregular. “Hoy rige el principio de no criminalización de la migración irregular, por lo que no se abren causas penales. Si se tipifica como delito, ya no se trata solo de expulsar: habría multas y eventualmente penas de cárcel”, señala.

Munita aclara que la eventual ley no tendría efecto retroactivo y solo afectaría a quienes ingresen de forma irregular una vez que la norma esté vigente. Además, subraya que podría generar un doble impacto: desincentivar el cruce irregular y fortalecer el rol de la policía fronteriza. “Hoy hay pocos incentivos para invertir recursos en el control fronterizo. Con esta modificación, se empodera institucionalmente a quienes resguardan la frontera”, sostiene.

En cuanto a la viabilidad política, el académico considera que el amplio respaldo electoral obtenido por Kast, especialmente en zonas fronterizas como Colchane, le otorga margen para impulsar este tipo de reformas. “Es probable que el próximo gobierno le otorgue urgencia al proyecto, lo modifique o incluso presente una indicación sustitutiva. La migración será una prioridad legislativa”, afirma.

Una mirada más crítica plantea Bryon Duhalde, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, quien advierte que el debate no estará exento de tensiones. “Existen dudas sobre la viabilidad de un acuerdo completamente transversal. Hay sectores que consideran que el ingreso irregular debe seguir siendo una falta administrativa y no un delito”, señala. No obstante, reconoce que el cambio de tipificación podría tener un efecto disuasivo en el corto plazo, aunque advierte que el Estado sigue enfrentando limitaciones estructurales para ejecutar expulsiones de manera efectiva.

Advertencias sobre la capacidad del Estado

Juan Pablo Ramacciotti advierte que tipificar el ingreso clandestino como delito implica un desafío mayor para el aparato estatal. “Esto supone que el Estado va a tener que perseguir estos delitos en tribunales, que la Fiscalía deberá destinar recursos a su investigación y que eventualmente se apliquen sanciones de privación de libertad, salvo que se determine otra forma de sanción”, explica.

El experto subraya que una eventual penalización también exige infraestructura adecuada. “Se requiere contar con capacidad penitenciaria para privar de libertad, ya sea mediante prisión preventiva o por una condena efectiva. Otra alternativa podría ser la expulsión del país con prohibición de reingreso, pero eso debe quedar claramente establecido en la discusión legislativa”, señala.

Ramacciotti agrega que la experiencia internacional muestra resultados poco alentadores. “Países como Italia o Francia han aplicado medidas similares y, en la práctica, no se observa un impacto significativo en la disminución del ingreso clandestino. Por el contrario, se generan efectos indeseados, como el alejamiento de las personas migrantes de la institucionalidad, mayores dificultades de integración social y, en algunos casos, consecuencias negativas en materia de seguridad”.