• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Tres camiones forestales fueron incendiados la tarde del martes en el sector de Peleco, en la ruta que conecta las comunas de Nueva Imperial y Carahue, en la región de La Araucanía, en un nuevo ataque atribuido a un grupo de encapuchados armados. Según el testimonio entregado a Carabineros por los conductores afectados, los sujetos los intimidaron con armas de fuego, los obligaron a descender de las máquinas y posteriormente prendieron fuego a las cabinas antes de darse a la fuga.

El ataque ocurre en un contexto político particularmente sensible, marcado por el reciente triunfo electoral de José Antonio Kast, quien durante su campaña situó la seguridad y el orden público como uno de los ejes centrales de su programa. El atentado vuelve a instalar el debate sobre la violencia rural, el rol del Estado y las expectativas que enfrenta el próximo gobierno frente a un conflicto que, pese a ciertos descensos en las cifras, sigue generando temor e incertidumbre en las comunidades.

Cifras y contexto

De acuerdo con el informe de violencia correspondiente a julio de 2025 elaborado por la Multigremial de La Araucanía, durante ese mes se registró solo un hecho de violencia grave en la Macrozona Sur. Se trata de la cifra más baja para un mes de julio desde que se decretó el Estado de Emergencia Constitucional en la zona, lo que representa una disminución del 83% en comparación con julio de 2024. No obstante, desde el gremio advierten que, pese a esta baja estadística, los ataques no han desaparecido y tienden a recrudecer en determinados períodos del año.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, señala que “hemos tenido un año con menos hechos de violencia grave, pero con un recrudecimiento a partir de noviembre. Con todo, no es aceptable la existencia de terrorismo y la autoridad tiene una tarea pendiente, que es la desarticulación total de estos grupos”. A su juicio, la intensidad del conflicto ha disminuido, y la causa levantada por los grupos violentos “hoy no es popular ni cuenta con respaldo social”.

Señales políticas tras el triunfo de Kast

El atentado también es leído como una señal política en medio del cambio de ciclo que se avecina. Santibáñez sostiene que en La Araucanía —y especialmente en comunas con alta población mapuche y mayor concentración de hechos violentos— la demanda por orden y seguridad fue determinante en el resultado electoral. “En esas zonas el apoyo a Kast alcanzó cerca del 75% de la votación. Las señales políticas ya se dieron en campaña; a partir de marzo es el tiempo de la acción y de las decisiones”, afirma.

Desde el mundo municipal, el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, advierte que el conflicto en la Macrozona Sur sigue latente, con episodios de violencia esporádicos y el temor permanente a que los ataques se expandan a otras comunas. “La diferencia respecto de años anteriores es que hoy existe una mayor presión y expectativa sobre la capacidad del nuevo gobierno para restablecer el orden. Estos atentados representan un desafío directo para Kast, que deberá demostrar control territorial y capacidad de respuesta”, sostiene.

En una línea similar, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, señala que la persistencia de ataques armados mantiene una sensación de vulnerabilidad en la población. “La violencia continúa presente y la percepción es que la situación no ha logrado ser controlada de manera efectiva. Este nuevo atentado refuerza la necesidad de una estrategia clara de inteligencia para desbaratar a estos grupos”, afirma.

Estado de excepción y desafíos futuros

Respecto de las herramientas disponibles, Santibáñez plantea que el estado de excepción puede ser perfeccionado y complementado con una estrategia más integral. “No basta solo con persecución penal. Se requiere un grupo de tarea especializado de policías investigativas para lograr la desarticulación de las organizaciones terroristas, además de acciones preventivas más fuertes”, explica.

Los alcaldes coinciden en que el próximo gobierno enfrentará riesgos significativos si no logra resultados visibles en el corto plazo. Muñoz menciona que la administración entrante “enfrenta riesgos y desafíos significativos en una zona donde el conflicto parece lejos de resolverse. Entre los desafíos se encuentran la necesidad de implementar políticas efectivas de seguridad y prevención del delito, así como trabajar con las comunas rurales que nos vemos afectadas por esta situación de violencia. Sin embargo, afirma que “tengo la esperanza de que el próximo gobierno va a poder controlar mejor este conflicto”.