• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

Un operativo de alta complejidad desarrollado por Carabineros de Chile permitió incautar más de 8.200 plantas de marihuana en un sector boscoso de la comuna de Curicó, en la Región del Maule. El hallazgo se produjo tras una extensa jornada de búsqueda en el sector rural precordillerano de la Quebrada El Manzano, en Potrero Grande, y volvió a poner atención sobre el crecimiento sostenido de cultivos ilegales en zonas alejadas de los centros urbanos, así como sobre la persistencia del microtráfico como fenómeno estructural en el país.

Pero más allá del volumen incautado, el caso resulta ilustrativo de una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años de acuerdo a lo que explican los expertos: el desplazamiento de parte importante de la producción de marihuana hacia sectores rurales, cordilleranos o de difícil acceso. Estos espacios ofrecen condiciones climáticas favorables, baja densidad poblacional y mayores dificultades para la fiscalización permanente, convirtiéndose en escenarios propicios para el desarrollo de cultivos ilegales a gran escala.

Las cifras oficiales refuerzan esta lectura. De acuerdo con los datos unificados presentados por el Ejecutivo —que integran registros de Carabineros y la Policía de Investigaciones—, entre enero y septiembre de 2025 los delitos asociados a drogas y estupefacientes aumentaron un 13,3% en comparación con el mismo período de 2024. En ese contexto, las infracciones a la Ley de Drogas subieron 18%, el microtráfico creció 16,4% y la elaboración o producción de sustancias aumentó 9,7%. Solo dos regiones del país mostraron descensos en este tipo de ilícitos: Magallanes, con una baja de 31,2%, y Arica y Parinacota, con un retroceso de 11,2%.

Para Pilar Lizana, investigadora experta en crimen organizado y directora ejecutiva de Volpe Consulting, los cultivos de marihuana en zonas rurales ya no responden a lógicas artesanales o de subsistencia. “Lo que estamos viendo hoy son cultivos industrializados, con roles claramente definidos, protección armada y una estructura que se asemeja a una actividad empresarial ilícita”, señala. Según la especialista, regiones como Valparaíso y ahora el Maule muestran un patrón similar: plantaciones instaladas en sectores interiores que modifican la dinámica social y productiva de los territorios donde se emplazan.

Lizana advierte que estos enclaves no solo abastecen al microtráfico local, sino que también generan externalidades negativas en las comunidades rurales. Entre ellas, menciona el aumento de delitos asociados a armas, enfrentamientos entre grupos rivales y el desplazamiento de actividades económicas tradicionales. “Estos cultivos cambian la cara de los territorios”, explica.

Desde una perspectiva operativa, el coronel (r) de Carabineros y experto en seguridad pública, Pedro Valdivia, sostiene que el desafío para las policías radica en las limitaciones propias del territorio. “Los sectores rurales y cordilleranos presentan condiciones geográficas que dificultan la fiscalización permanente. La detección de estas plantaciones depende, en gran medida, del trabajo de inteligencia y de investigaciones de largo aliento”, afirma. Valdivia añade que, si bien se han logrado decomisos relevantes y detenciones de cuidadores, en muchos casos no se alcanza a identificar a los verdaderos responsables financieros y logísticos detrás de estas operaciones.

Tanto Lizana como Valdivia coinciden en que la respuesta del Estado no puede centrarse únicamente en la incautación de plantas o en la detención de eslabones bajos de la cadena. El microtráfico, señalan, funciona como parte de una economía ilícita integrada, donde confluyen producción, distribución, lavado de activos y control territorial.

En ese sentido, la investigadora de Volpe Consulting subraya la necesidad de una estrategia de Estado que articule prevención social, persecución penal e inteligencia financiera. “Si no se sigue la ruta del dinero y no se desarma la estructura empresarial detrás de estas bandas, los incentivos para instalar cultivos seguirán intactos (…) y si es que no avanzamos en esa materia va a ser muy difícil retroceder en la actividad criminal”, sostiene. A su juicio, el enfoque debe incluir también políticas de prevención del reclutamiento de jóvenes, control efectivo de armas y una acción coordinada entre instituciones policiales, judiciales y sociales.