• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La evacuación preventiva realizada en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), luego de la recepción de un correo electrónico que advertía sobre la supuesta presencia de explosivos dentro del campus y amenazaba además con un tiroteo, volvió a instalar una preocupación que, aunque no es habitual en el país, obliga a movilizar importantes recursos de emergencia y activar procedimientos especializados.

De acuerdo con la información difundida públicamente, el mensaje fue recibido por distintas personas vinculadas a la universidad y habría sido enviado por un desconocido que decía pertenecer a una organización denominada “Orden de los Nueve Ángulo”. En el texto se aseguraba haber dejado artefactos explosivos dentro del recinto, situación que motivó el despliegue de Carabineros y la evacuación preventiva del plantel.

Ante este tipo de amenazas, el criterio operativo no considera evaluaciones preliminares sobre la supuesta intención del emisor. El procedimiento establece actuar bajo el supuesto de que existe un riesgo real hasta que una unidad especializada descarte cualquier peligro.

Activación inmediata de protocolos

Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, explica que actualmente estos hechos se producen en un escenario social marcado por mayores niveles de tensión y confrontación.

Según el experto, frente a una amenaza de esta naturaleza existe un procedimiento establecido que debe ejecutarse sin demora. “Lo que se hace son protocolos que implican en primer lugar la evacuación de toda la gente: personal, alumnos, funcionarios, todo el mundo tiene que evacuar. Y para estos casos legalmente lo que hay que hacer es llamar al GOPE de Carabineros, que es la unidad especializada que existe en el país para poder revisar y dar certeza de que todo está en orden”, señala.

Araya añade que, una vez despejado el recinto, corresponde realizar una inspección especializada utilizando equipamiento diseñado para detectar la eventual presencia de explosivos y proceder a su neutralización en caso de ser necesario.

La misma línea plantea Romina Parraguez, ingeniera en Prevención de Riesgos de la Universidad Andrés Bello, quien explica que lo primero que se activa es el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres del establecimiento.

Entre las medidas inmediatas se encuentran contactar a Carabineros a través del 133, evacuar hacia zonas de seguridad externas, efectuar cortes preventivos de suministros como gas y electricidad y establecer una prohibición absoluta de manipular objetos sospechosos.

El rol del GOPE y por qué toda amenaza se considera real

Uno de los aspectos centrales de estos procedimientos es que ninguna institución puede determinar por sí sola si una amenaza tiene fundamento o no. Araya sostiene que “no se puede ponderar a priori la credibilidad de una amenaza. Por protocolo, toda amenaza debe tomarse en serio y activar de inmediato los protocolos que corresponden”. Eso implica desalojar rápidamente, impedir que las personas se acerquen a mochilas u objetos desconocidos y mantener distancia de cualquier elemento que pueda parecer fuera de lugar.

Parraguez coincide y agrega que operacionalmente toda amenaza se considera “100% real” hasta que Carabineros descarte el peligro. En paralelo al trabajo en terreno, también se recopilan antecedentes para identificar el origen del mensaje, correo electrónico o registro utilizado para emitir la intimidación.

Respecto del trabajo policial, la especialista explica que Carabineros tiene la función de aislar el sector, cortar el tránsito y asegurar el perímetro externo, mientras que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) es la única unidad técnicamente autorizada para ingresar al lugar, realizar registros con apoyo tecnológico y de canes especializados y, eventualmente, neutralizar un artefacto.

Asimismo, una de las medidas preventivas relevantes durante la revisión consiste en restringir el uso de radios y celulares cerca de un punto sospechoso debido al riesgo teórico de activación por radiofrecuencia.

Consecuencias penales y riesgos para la seguridad pública

Aunque muchas amenazas terminan siendo falsas, eso no reduce su gravedad desde el punto de vista legal. Araya recuerda que este tipo de hechos está contemplado en la legislación penal chilena y puede derivar en sanciones importantes.

“Está tipificado en nuestro Código Penal. Hay delitos de amenazas que son consideradas graves y que van en penas de cárcel efectiva de 541 días hasta los cinco años”, explica. Agrega que, dependiendo del contexto y de la evaluación de las autoridades, incluso podrían activarse otras herramientas jurídicas vinculadas a la protección de la seguridad pública.

Parraguez complementa que el artículo 268 bis del Código Penal sanciona el falso aviso de emergencia con penas que van entre 61 y 540 días de cárcel y que estas pueden aumentar cuando existe afectación a infraestructura crítica. Además, indica que en este tipo de casos el Ministerio del Interior suele presentar querellas criminales por desórdenes públicos.

¿Están realmente preparados los establecimientos?

Los especialistas coinciden en que hoy existe una mayor preparación institucional que hace algunos años, pero todavía persisten brechas importantes. Araya sostiene que ministerios, servicios públicos y universidades han debido adaptarse porque este tipo de situaciones ya se ha presentado anteriormente.

A su juicio, los protocolos básicos existen y contemplan evacuación rápida, sistemas de comunicación interna y coordinación con Carabineros. Sin embargo, considera que todavía falta fortalecer la conciencia ciudadana frente al riesgo.

“Creo que las instituciones están preparadas, pero la gente todavía no se lo toma muy en serio y hay que hacer mayor conciencia respecto del peligro real que esto puede representar”, afirma.
Desde el ámbito preventivo, Parraguez sostiene que los establecimientos cumplen normativamente con exigencias y planes de seguridad escolar, pero advierte que la preparación práctica aún presenta limitaciones.

En particular, señala que muchos recintos están entrenados para responder a sismos, pero no necesariamente para enfrentar amenazas explosivas sin generar pánico colectivo.

Entre los principales desafíos identifica mejorar las estrategias de evacuación, revisar previamente las rutas de salida y evitar alarmas que puedan aumentar la ansiedad y el desorden.